Mientras los registros de beneficiados supera apenas un 10 % de los 300 anunciados, organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian que la medida es insuficiente y discrecional. Imagen: Guacamaya
Guacamaya, 22 de mayo de 2026. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció recientemente la excarcelación de 300 personas bajo criterios humanitarios,. La medida, que avanza bajo un clima de tensión entre la narrativa oficial y la exigencia de organizaciones civiles, también marca una transición desde el marco de la Ley de Amnistía hacia una gestión de beneficios procesales administrados directamente por el Ejecutivo.
Mientras el oficialismo presenta las medidas como “gestos” de caracter humanitario, el contexto geopolítico sugiere una respuesta directa a la presión externa y al cambio de mando provocado por la intervención estadounidense. Mientras tanto, las organizaciones de derechos humanos denuncian que se trata de una administración discrecional de la libertad que aún deja a cientos tras las rejas.
Cabe destacar que este proceso ocurre apenas una semana después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que su Gobierno se aseguraría de liberar a todos los presos políticos en Venezuela. “Vamos a sacarlos a todos. Ya han dejado salir muchos prisioneros políticos y el resto también saldrá libre”, declaró el 12 de mayo antes de un viaje oficial a China.
Si bien esta presión externa ha marcado el avance de la agenda política, uno de los focos del conflicto se mantiene en la transición interna del sistema de justicia venezolana. Asimismo, la demanda por parte de las organizaciones defensoras de derechos humanos, de acelerar y ampliar unas liberaciones que han ocurrido de forma parcial y escalonada, también se ha hecho presente.
El balance de las primeras 72 horas
La ONG Foro Penal, organización que brinda asistencia a personas detenidas arbitrariamente, solo pudo confirmar 38 excarcelaciones hasta la mañana del jueves 21 de mayo. De este modo, la brecha entre el anuncio y la realidad sigue siendo amplia, pese a que, inicialmente, el presidente de Parlamento informó cómo límite este viernes para efectuar todas las liberaciones.
Entre los ya excarcelados destacan tres funcionarios de la extinta Policía Metropolitana: Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Molina. Ellos permanecieron detenidos por 23 años tras ser condenados por los sucesos de abril de 2002. Esta salida es vista como la de mayor carga histórica y simbólica tras ser considerados los presos políticos más antiguos del chavismo y al ser figuras centrales de la narrativa oficial sobre el denominado “golpe de Estado”.
Pese a ello, aunque Jorge Rodríguez también habló de 300 personas a ser beneficiadas por el indulto, las organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian que el problema es mayor y la medida es insuficiente. Foro Penal registraba hasta el 4 de mayo 457 detenidos por motivos políticos, mientras que Justicia, Encuentro y Perdón, para el momento del anuncio, reportó que eran 654.
El director de Foro Penal, Alfredo Romero, rechazó además que las medidas de liberación sean calificadas como “gestos” y no como una “obligación de Estado” Igualmente, Justicia, Encuentro y Perdón denunció que la medida anunciada ignora a más de 200 militares presos. Lo cierto es que el Gobierno no ha emitido una lista pública completa por lo que se desconoce el alcance real de su propio anuncio.
El fin de la Amnistía y los retornos desde el exilio
La vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció semanas atrás que la Ley de Amnistía “llegaba a su fin” tras haber beneficiado a más de 8.600 personas, según cifras oficiales. Este “cese” de la Ley es fundamental, ya que desplaza el eje de las liberaciones desde un mandato legal general hacia un esquema de “medidas de gracia” o indultos selectivos decididos desde las altas esferas del poder.
Bajo este nuevo contexto de “distensión”, se ha registrado el retorno de figuras opositoras desde el exilio. Yon Goicoechea regresó el 8 de mayo tras seis años fuera del país, mientras que Lester Toledo volvió a Caracas este 21 de mayo después de una década, a pesar de las acusaciones previas de terrorismo, con el fin de obtener una respuesta judicial a su solicitud de amnistía.
La sombra de Víctor Quero y la presión internacional
El avance de las excarcelaciones ocurre en un momento de fuerte cuestionamiento institucional por la muerte bajo custodia del preso político Víctor Hugo Quero Navas. Ante las denuncias de desaparición forzada previa y el fallecimiento de su madre, Carmen Navas, poco después de confirmarse el deceso de su hijo, tanto Delcy Rodríguez como la Asamblea Nacional han ordenado una investigación “rigurosa”.
Del mismo modo, la Defensoría del Pueblo se sumó a la exigencia de transparencia, tras calificar el hecho como “una evidencia de la necesidad de reformas profundas para erradicar abusos”. Mientras tanto, el Ministerio Público asignó el caso a la Fiscalía 80 Nacional con competencia en derechos humanos, con el mandato de realizar diligencias “oportunas e imparciales”.
En paralelo, la presión internacional se ha intensificado. Esta semana, la directora Sénior de Investigación, Incidencia Política y Campañas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, se reunió con el Fiscal General, Larry Devoe, para exigir el “cese de las detenciones arbitrarias” y el “desmantelamiento del aparato represivo”. Aunque Devoe invitó a la organización a participar en la consulta sobre la reforma judicial, la ONG mantiene la cautela.
El debate entre la justicia y las concesiones políticas
El análisis de los hechos sugiere que el Gobierno venezolano no está cerrando el conflicto, sino reordenándolo. Al declarar el fin de la Ley de Amnistía y activar indultos selectivos, el oficialismo busca apropiarse políticamente del mérito de las liberaciones, al presentarlas como un gesto de paz soberana y no como una respuesta a la presión interna o externa.
En definitiva, ante el nuevo momento político, el sistema de justicia parece seguir actuando más como un instrumento de formalización de decisiones tomadas por el Ejecutivo que como un actor autónomo. Así el Gobierno Nacional mantiene el control sobre quién sale y bajo qué narrativa se le permite la libertad frente a un escenerio de recientes cuestionamientos y demandas por distintos flancos.
