El éxito de nuevos esfuerzos técnicos e iniciativas de negociación con empresas estadounidenses depende de superar un déficit de inversión estimado en 15.000 millones de dólares, según fuentes de Reuters | Imagen: Guacamaya.
Guacamaya, 15 de mayo de 2026. Este jueves, el encargado de Negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, sostuvo una reunión con el ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá. La colaboración busca inyectar experiencia técnica e inversión estadounidense en una red que, precisamente durante el encuentro, volvió a demostrar su extrema fragilidad con un fuerte bajón nacional que afectó Caracas y a varios estados del país.
El encuentro, que tuvo lugar en la sede del Ministerio, se enmarcó, según la Embajada de Estados Unidos en Caracas, en la implementación del “plan de tres fases” diseñado por la administración Trump para restaurar el suministro eléctrico en el país. Si algo demuestra este episodio es que la crisis eléctrica pasó de ser solo un problema técnico a también un asunto diplomático, económico y político.
Lo cierto es que el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) sigue en emergencia estructural, aunque el Gobierno intente presentarlo como un periodo de “recuperación” y no de colapso. La conversación con la representación diplomática y empresarial estadounidense, así como el relevo de mando en el Ministerio apuntan a un intento de reordenar el tablero, aunque todavía no se haga evidente una mejoría.
¿Qué ha cambiado con la nueva gestión?
Desde marzo de 2026, el Ministerio de Energía Eléctrica está encabezado por Rolando Alcalá, ingeniero electricista de la Universidad Simón Bolívar, quien fue presentado como un perfil para impulsar un giro técnico. Su gestión se articula sobre el Plan de Recuperación y Transformación del SEN, presentado ante el Consejo Nacional de Economía y sectores académicos para buscar soluciones integrales.
Bajo su mando, se ha priorizado la inspección de proyectos paralizados como Tocoma y el mantenimiento en el Complejo Hidroeléctrico del Guri. Además, ha encabezado acercamientos con gigantes tecnológicos como Siemens y General Electric, enfocado especialmente en la recuperación de plantas termoeléctricas como Termozulia y Ramón Lagunas, en la región zuliana, donde la crisis es más severa.
Entre “hitos de demanda” y la realidad operativa
La narrativa oficial ha dado mucho de qué hablar este mes. El pasado 7 de mayo, el Ministerio de Energía Eléctrica emitió un comunicado para informar que Venezuela alcanzó un pico récord de demanda de 15.579 megavatios (MW), la cifra más alta en los últimos nueve años. El Gobierno atribuye este incremento a las altas temperaturas y al “crecimiento económico”.
Sin embargo, expertos y figuras de la oposición como Jesús Armas, quien es ingeniero industrial, han cuestionado estas cifras, al señalar una contradicción técnica alarmante. Mientras la capacidad instalada teórica se estima entre los 30.000 MW y 36.000 MW, la capacidad funcional o disponibilidad real apenas ronda los 14.000 o 15.000 MW.
Esta situación se traduce en que el sistema está operando a menos del 40 % de su capacidad total, lo que explica por qué, ante cualquier pico de demanda, se producen fallas en cascada. La crisis, evidenciada por al menos unos 35 cortes en el primer trimestre de 2026, según fuentes de Reuters, no es por falta de equipos instalados, sino por la corrupción, el mal uso, la falta de mantenimiento y la desinversión.
El reto financiero y la incertidumbre de los inversores
A pesar del anuncio de cooperación con Washington, se prevé que el camino no será sencillo. Informes de Reuters indican que las empresas Siemens y General Electric, con las que se han avanzado en conversaciones, mantienen un escepticismo profundo debido a deudas no liquidadas y la falta de garantías de pago por parte del Estado venezolano.
Se estima que reconstruir la red eléctrica nacional requiere una inversión de entre 12.000 y 15.000 millones de dólares en tres años. Del éxito de la gestión de Alcalá al frente del Ministerio de Energía Eléctrica y de la ayuda internacional dependerá si se logra pasar de los comunicados de “ahorro energético” a obras tangibles que saquen a numerosos rincones de Venezuela de la penumbra.
La coincidencia temporal entre la reunión con Washington y las conversaciones con Siemens y General Eléctrica sugiere una estrategia de apertura pragmática para buscar proveedores, tecnología y eventualmente financiamiento o asistencia técnica. En el plano comunicacional, el gobierno intenta mostrar iniciativa, pero en concreto todavía no se conocen acuerdos ni cronogramas públicos de ejecución.
Una cronología de oscuridad
Es importante destacar que la crisis no es coyuntural, sino el resultado de casi dos décadas de decisiones cruciales que han impactado al sistema. La nacionalización del sector bajo el gobierno de Hugo Chávez en 2007 eliminó la inversión privada, y centralizó el control en Corpoelec, pero ello no se tradujo en una mejora sostenida de la infraestructura.
Poco después, en 2010, el propio Hugo Chávez declaró la primera “emergencia eléctrica”, lo que convirtió el racionamiento en una herramienta permanente. Entre 2011 y 2014 se multiplicaron apagones de gran alcance y cortes prolongados. La respuesta oficial se situó entre racionamientos y explicaciones políticas como “sequía”, “sabotaje” o “guerra eléctrica”.
Entre los años 2016 y 2018, ya bajo mandato de Nicolás Maduro, zonas como Zulia quedaron atrapadas en un patrón de apagones recurrentes mientras la inversión en la infraestructura de transmisión y distribución también empezó a verse afectada por las sanciones. En 2019, el megaapagón del 7 de marzo dejó al país a oscuras por varios días, lo que reveló que el sistema ya no podía recuperarse por sí solo.
A partir de 2020 y hasta el 2025, la pandemia, la migración de personal técnico y la escasez de repuestos profundizaron el deterioro. Informes de organizaciones de la sociedad civil como Provea y Transparencia Venezuela comenzaron a documentar una crisis ya convertida en condición permanente. Se consolidó el racionamiento crónico, con estados como Zulia y Táchira bajo cortes de 4 a 8 horas diarias.
Esta realidad, de la que el 2026 no ha escapado, se le suma un incremento en la demanda energética, según lo anunciado oficialmente, aunque con una infraestructura que sigue estancada, lo que reaviva la amenaza de un colapso total. De hecho, justo durante la reunión entre Barrett y Alcalá, se generaron bajones de voltaje y apagones localizados que afectaron a Caracas y otras entidades del país.
¿Qué revela el momento actual?
La escena actual deja ver un sistema que intenta excluirse del lenguaje del colapso y entrar en el de la reconstrucción, pero sin resolver todavía el problema de fondo. El Gobierno ahora habla de picos de consumo como señal de recuperación económica, mientras la población sigue experimentando bajones, apagones y cronogramas informales de racionamiento.
En otras palabras, la crisis eléctrica venezolana sigue siendo una disputa entre la gerencia técnica y la narrativa política. La gerencia técnica exige inversión sostenida, transparencia, repuestos, personal calificado y tiempos largos, mientras que la narrativa oficial, en cambio, busca mostrar control, anunciar contactos internacionales y administrar la percepción pública.
