Carlos Carrasco es periodista y profesor en la UCV y la UCAB. Ha sido consultor para agencias multilaterales como el PNUD, la OIT y la CEPAL.
Guacamaya, 11 de marzo de 2026. En el “Plan Básico Legislativo 2026-2027” de la Asamblea Nacional, se contempla una Ley de Propiedad Intelectual. Actualmente, las leyes que regulan este aspecto son la Ley de Propiedad Industrial (1955), que regula los bienes inmateriales en el sector industrial, y la Ley sobre Derecho de Autor (1993), que protege a los creadores de bienes inmateriales en el mundo de la cultura. Ya con la presencia transversal del Internet y la Inteligencia Artificial, ambas leyes han perdido vigencia.
Por esa razón, en el contexto actual, sí resulta necesaria una Ley de Propiedad Intelectual que debería abordar diversos elementos, como la generación de un catálogo de excepciones digitales. Esto permitiría el uso de fragmentos de obras para la crítica o la enseñanza online. Sabemos que, en la práctica, esto ya sucede en diversas casas de estudio en el país, pero se carece de un soporte legal actualizado.
Igualmente, en el marco de una Ley de Propiedad Intelectual, se debe discutir sobre la carencia de normas al momento de vincular nombres de marcas y nombres de dominio en la web como sucede en otros países. Este es un problema que se presenta de la siguiente manera: Supongamos que exista el caso de que alguien registre como dominio la marca de otro para extorsionarlo; la persona dueña de la marca no tiene herramientas legales específicas para actuar en Venezuela. En estos casos, se debería integrar el registro de marcas con el sistema de nombres de dominio web para evitar el desvío de tráfico como forma de competencia desleal. En Chile, ya existe un modelo parecido que se podría tomar como referencia
Una ley de esta naturaleza no solo debería derogar las leyes anteriormente mencionadas, sino también cumplir con los convenios internacionales de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Además, resulta impostergable una modernización del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI). Solo con un marco claro en esta materia, se podría desarrollar una economía creativa y digital en Venezuela con capacidad de alcance global.
Sin embargo, las dudas sobre una nueva Ley de Propiedad Intelectual persisten en un país, donde la impunidad y el Estado derecho es frágil. Además, hay elementos que van más allá del grado de incidencia del propio Estado. Por ejemplo, el consumo de plataformas digitales de piratería en Venezuela es un hecho conocido públicamente. En 2025, el Instituto de Investigaciones de la Información y la Comunicación (IDICI) de la UCAB, a través de su Observatorio Nacional de Comunicación y Cultura señaló que, una de las plataformas de streaming más utilizadas en el país es “Magis TV,” hoy conocida como “Super”, que son reconocidas como plataformas ilegales.
Si realmente se quiere aprovechar una oportunidad de institucionalizar nuevamente el país, esto no puede ser un proceso a medias. Si bien la mayoría de los retos están concentrado en combatir la corrupción dentro de la administración pública, este caso de la Ley de Propiedad Intelectual es un asunto que compete a toda la sociedad.
Si se quiere recuperar la industria del entrenamiento, si se quiere profundizar en el uso de software de calidad para los centros de investigación, si se quiere aprovechar otros mecanismos de financiamiento para las universidades públicas (por el cobro de libros y publicaciones) o si se quiere que las plataformas de streaming como Netflix inviertan en la generación de contenido original hecho en Venezuela, este asunto de la propiedad intelectual se debe tratar.
De igual manera, no hay que olvidar cómo la falta de una Ley de Propiedad Intelectual vigente, también ha permitido hechos poco claros. Solo hay que recordar, el caso del año 2021, sobre el uso de la imagen de la marca Starbucks para la venta de café en un establecimiento, ubicado en Las Mercedes, Caracas.
Atraer al capital privado extranjero requiere de reglas claras, no solo de gestos o fotografías en palacios presidenciales. Si la economía es una prioridad para el gobierno encargado, esta ley debería abordarse en el mediano plazo. Sin embargo, no hay ley en el papel que resista a los hechos concretos de la realidad. Sin institucionalidad democrática resulta imposible hablar de recuperación económica.
