El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, afirmó que el recinto había clausurado, pero defensores de derechos humanos desmintieron la liberación total, situación que concluyó en un traslado de detenidos hacia otros penales. | Fotografía: Damián D. Fossi Salas / Wikimedia.
Guacamaya, 05 de junio de 2026. El reciente desalojo de El Helicoide ha expuesto por un lado la fragilidad de las promesas oficiales, y por el otro la opacidad del sistema judicial venezolano. Lo que inicialmente se podía reportar incluso como un movimiento discreto, ahora se interpreta como una respuesta política a una situación que la comunidad internacional, y específicamente Washington, no era fácil que pudiera seguir ignorando.
Tras 125 días de una narrativa oficial que vendía la clausura de El Helicoide como centro de detención, finalmente esa realidad se vio forzada tras una operación de gran envergadura generada por interlocución extranjera y consecuentes reacciones internas. La situación parece haber obligado al Gobierno a ejecutar un traslado masivo de prisioneros para “hacer coincidir” la realidad con el discurso oficial.
El “Efecto Rubio” y la reacción de las familias
El escenario se configuró a raíz de una información imprecisa del Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien este martes 2 de junio afirmó, durante una comparecencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, que “la infame prisión, El Helicoide, ha sido cerrada”. El hecho lo presentó como un avance de las “reformas sistémicas” de la administración de Delcy Rodríguez.
Pero la reacción fue inmediata. Familiares que mantenían una vigilia de 145 días frente a la sede del Sevicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) desmintieron categóricamente al funcionario estadounidense. Además, organizaciones como Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) confirmaron que al menos 25 presos políticos permanecían en el recinto.
“Mi hermano sigue preso injustamente… El Helicoide no está cerrado”, sentenció Fabiana Vera, hermana del dirigente tachirense Jackson Vera. Apenas horas después, este 4 de junio, el activista y otro grupo de detenidos fueron traslados o otros recintos, sin notificación previa a abogados ni familiares. Posteriormente, Foro Penal dio a conocer que el traslado masivo involucraba a al menos 90 personas.
Familiares como Jean Carlos Cariel, hermano de Ricardo Cariel (detenido desde 2022), denunciaron que el cerco policial a los parientes y el “traslado arbitrario” es una “atrocidad” que no resuelve la injusticia de fondo. “No pedimos traslados, pedimos la libertad”, clamó también Fabiana Vera ante las cámaras de medios internacionales e independientes que se apostaron en las afueras de El Helicoide.
El contingente fue distribuido en centros como La Planta (donde fue enviado el dirigente Jackson Vera), Yare, El Rodeo y Tocuyito. Las mujeres, por su parte, fueron internadas en el INOF y el anexo Las Crisálidas. La diferencia de cifras entre ONGs (de 25 a 90) sugiere una opacidad oficial sobre la ocupación del recinto, especialmente en la cifra admitida ante interlocutores internacionales.
La brecha entre una promesa y la realidad
Paralelamente a estos traslados, se reportó la excarcelación de 29 trabajadores de la empresa minera Mibiturven (Minería Binacional Turquía-Venezuela), quienes estuvieron detenidos 14 meses en El Rodeo I bajo acusaciones de “tráfico de material estratégico”. No obstante, se desconocen las condiciones de su liberación, es decir, si es plena o con medidas cautelares.
Además, estas cifras siguen siendo insuficientes. Al contrastar los balances de Foro Penal, la brecha entre promesas del oficialismo y las excarcelaciones reales es alarmante. Durante mayo, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, prometió la liberación de 300 personas en el plazo de una semana, pero tal cantidad no se hizo efectiva en una fracción importante de lo anunciado.
Antes del anuncio, al 4 de mayo Foro Penal reportaba 457 presos políticos, pero al 1 de junio solo hubo una reducción neta de 53 presos. Incluso si se suma la reciente liberación de los 29 trabajadores de Mibiturven, el número de personas que han recuperado su libertad bajo este nuevo esquema de “indultos selectivos” sigue estando muy lejos de las 300 prometidas.
Toda esta situación ocurre bajo el manto de desconfianza que dejó la muerte de Víctor Hugo Quero Navas. Su hermano, Gabriel Navas, denunció como un “teatro” el informe del Ministerio Público que atribuye el deceso a un “tromboembolismo”. Navas relató que, mientras él estaba en la oficina del fiscal revisando el expediente, el comunicado oficial ya circulaba en redes sociales sin su consentimiento.
La presión contra la reforma real
La decisión de trasladar a los presos de El Helicoide parece configurarse como una maniobra reactiva, tal como lo fue el anuncio de las 300 excarcelaciones tras la afirmación de Donald Trump de que “todos los presos políticos serían liberados”. La presión de los familiares, al desmentir a Marco Rubio, puso en deuda la credibilidad de los acuerdos con Washington, lo que obligó al Gobierno al traslado de detenidos.
A pesar de un marco amparado en una provisoria Ley de Amnistía y un posterior proceso en marcha de reforma de justicia penal, la permanencia de cientos de presos políticos demuestra que el sistema sigue operando bajo una lógica de “activos para la diplomacia”. El Gobierno prefiere administrar la libertad progresiva para mantener su capacidad de negociación.
