La elección de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia marca un giro en la postura del país con Venezuela, en un contexto también transformado por el 3 de enero. Fotografía: X / @ABDELAESPRIELLA.
Guacamaya, 21 de julio de 2026. La llegada del gobierno de Abelardo de la Espriella marcará un giro en la política exterior colombiana, con una estrategia que busca reposicionar al país como un actor más alineado con Estados Unidos, abierto a la inversión privada y con una diplomacia enfocada en los resultados económicos.
Las primeras definiciones del canciller designado, Omar Bula, permiten anticipar que Bogotá intentará abandonar los enfoques ideologizados que tuvieron los gobiernos de Gustavo Petro e Iván Duque, para avanzar hacia una agenda basada en el comercio, la seguridad, las alianzas estratégicas y la atracción de capital extranjero.
En una conversación con el Atlantic Council a principios de julio en Washington, Bula planteó que Colombia atraviesa un momento de reacomodo geopolítico global y que el nuevo gobierno buscará ubicar al país en ese nuevo escenario internacional. Según sus palabras, “las placas tectónicas de la geopolítica se están reacomodando”, en alusión a los cambios en el equilibrio de poder entre Estados Unidos, China, Rusia y las potencias emergentes.
Jorge Jaller: el empresario que encabezará la nueva etapa de la relación Colombia–Venezuela
La designación de Jorge Jaller como nuevo embajador de Colombia en Venezuela constituye una señal clara sobre la orientación que el presidente electo Abelardo de la Espriella pretende imprimir a la relación bilateral. Más que un nombramiento de perfil político o diplomático tradicional, la elección de un ejecutivo con amplia experiencia en el sector retail refleja una apuesta por una diplomacia económica centrada en el comercio, la inversión y la expansión empresarial.
Jaller asumirá la representación diplomática en Caracas a partir del 7 de agosto, reemplazando a Milton Rengifo, en un momento en que Venezuela atraviesa un proceso de apertura económica y de reinserción internacional tras los cambios políticos iniciados el 3 de enero de 2026.
La trayectoria profesional de Jorge Jaller está estrechamente ligada al crecimiento de una de las principales compañías del comercio minorista colombiano.
Durante más de veinte años desarrolló su carrera en el Grupo Éxito, donde ocupó puestos estratégicos en ventas, operaciones, desarrollo de marca y negocios. Su recorrido culminó como vicepresidente de Retail entre 2022 y finales de 2024, siendo responsable de las operaciones de las cadenas Éxito y Carulla.
Esa experiencia le permitió adquirir un profundo conocimiento sobre cadenas de suministro, expansión comercial, consumo masivo, logística y administración de grandes operaciones, competencias poco habituales dentro del servicio exterior, pero altamente valoradas en una agenda bilateral orientada al comercio.
Tras dejar Grupo Éxito, fundó Glovanze, una firma de consultoría enfocada en acompañar procesos de internacionalización empresarial y expansión hacia mercados latinoamericanos, incluyendo Venezuela, lo que le permitió mantener contacto con el proceso de reapertura del mercado venezolano.
Además, durante la campaña presidencial integró el equipo asesor de Abelardo de la Espriella, participando en el diseño de propuestas económicas y empresariales del nuevo gobierno.
Tendremos en Venezuela una embajada colombiana orientada a los negocios y la ampliación de oportunidades para los empresarios colombianos en Venezuela.
El nombramiento de Jaller coincide con el mensaje transmitido por el canciller designado, Omar Bula, quien ha planteado que la relación con Caracas debe abandonar el énfasis político y de seguridad que caracterizó los últimos años para concentrarse en el potencial económico compartido.
Según Bula, en declaraciones para el medio colombiano El Espectador, la prioridad será convertir la relación bilateral en un instrumento para fortalecer el comercio, atraer inversiones y generar crecimiento para ambos países, dejando atrás una agenda dominada por el crimen organizado y los conflictos fronterizos.
En ese contexto, la experiencia empresarial de Jaller parece alinearse con el objetivo de construir una representación diplomática más cercana al sector privado que a la diplomacia tradicional y que funcione como un nexo para las inversiones y el crecimiento del intercambio bilateral.
Venezuela vuelve al radar empresarial colombiano
La designación también llega en un momento particularmente favorable para la presencia empresarial colombiana en Venezuela.
Desde el cambio de gobierno ocurrido el 3 de enero, numerosas compañías colombianas han comenzado a explorar nuevamente oportunidades en el mercado venezolano, aprovechando la progresiva apertura económica, el restablecimiento de canales financieros, la flexibilización del marco regulatorio para la inversión extranjera y las perspectivas de reconstrucción del país tras los terremotos de junio.
Sectores como alimentos, comercio minorista, construcción, salud, logística, servicios financieros, energía, tecnología y manufactura figuran entre los principales espacios donde empresas colombianas buscan posicionarse.
Para muchas de ellas, Venezuela representa nuevamente un mercado natural por razones geográficas, culturales y comerciales, después de años de contracción de la relación bilateral.
La elección de un ejecutivo con experiencia corporativa también puede facilitar el diálogo entre gobiernos y empresas en un contexto donde ambos países buscan incrementar el intercambio comercial.
Más allá de las funciones diplomáticas tradicionales, la embajada colombiana podría asumir un papel activo como facilitadora de inversiones, acompañando a empresas interesadas en ingresar al mercado venezolano, promoviendo alianzas binacionales y reduciendo obstáculos para los negocios.
Esta visión coincide con la estrategia económica impulsada por la administración de Delcy Rodríguez, que ha colocado la recuperación de la inversión privada y la reconstrucción económica como prioridades nacionales.
El sector privado colombiano ante la reapertura económica venezolana
El renovado interés empresarial de Colombia por Venezuela también se refleja en las proyecciones de comercio bilateral. Según el director de la oficina de ProColombia en Venezuela, Carlos Luna, el intercambio comercial entre ambos países podría superar los 1.400 millones de dólares durante 2026, impulsado por la recuperación de sectores productivos venezolanos y el regreso progresivo de empresas colombianas al mercado vecino.
Es necesario resaltar que esta relación es altamente asimétrica: está dominada casi por completo por las ventas de productos colombianos a Venezuela, que representan entre el 80 y el 90% del intercambio total.
Luna destacó que existe expectativa de un repunte de la actividad económica venezolana, especialmente en áreas estratégicas como hidrocarburos, energía, agroindustria, manufactura e infraestructura. A su juicio, la relación comercial atraviesa una etapa de nuevas oportunidades, donde ambos países pueden avanzar hacia esquemas de cooperación empresarial, alianzas estratégicas y creación de empresas conjuntas.
Entre los sectores con mayor potencial, identificó la provisión de insumos, maquinaria y equipos para las industrias petrolera y eléctrica venezolanas, así como nuevas oportunidades en el sector agroindustrial, aprovechando capacidades productivas en regiones como el sur del lago de Maracaibo y Portuguesa.
Además, señaló que existe interés de empresarios colombianos en participar en la recuperación y expansión de empresas estratégicas venezolanas, incluyendo compañías bajo administración estatal y sectores industriales considerados claves para la economía nacional.
Para Luna, uno de los principales desafíos es reducir la percepción de riesgo que todavía existe sobre Venezuela y acercar nuevamente a los empresarios colombianos a la realidad del mercado venezolano. En ese sentido, insistió en la importancia de que los inversionistas conozcan directamente el país, actualicen su información y evalúen sobre el terreno las oportunidades que están surgiendo.
Esta dinámica refleja un cambio en la relación económica bilateral: después de años marcados por la contracción del comercio y la incertidumbre política, Venezuela vuelve a ser vista por parte del empresariado colombiano como un mercado con posibilidades de expansión, especialmente en un contexto donde Bogotá busca fortalecer una política exterior orientada al comercio y la inversión.
La embajada en Caracas es considerada una de las representaciones más relevantes de la política exterior colombiana debido a la complejidad de la agenda compartida: hablamos de más de 2.200 kilómetros de frontera, millones de ciudadanos con vínculos familiares en ambos países, una intensa dinámica comercial y desafíos permanentes en materia migratoria y de seguridad.
Sin embargo, el gobierno de De la Espriella parece dispuesto a reequilibrar esa agenda otorgando mayor peso a la dimensión económica. Veremos una relación con un fuerte componente geoeconómico, como centro y argumento del acercamiento.
El regreso de Washington como eje estratégico
Uno de los principales cambios previsibles será la reconstrucción del vínculo con Estados Unidos, una relación que históricamente ha sido considerada estratégica para Bogotá, pero que durante los últimos años atravesó tensiones por diferencias políticas entre ambos gobiernos.
Bula ha señalado que Colombia buscará recuperar su papel como uno de los principales aliados de Washington en América Latina, fortaleciendo la cooperación en seguridad, lucha contra el crimen organizado y defensa de valores occidentales.
Esta aproximación podría tener un impacto directo sobre la política hacia Venezuela. Bajo esta nueva visión, Caracas dejaría de ser únicamente un asunto político o de seguridad para convertirse también en un componente de una estrategia regional coordinada con Estados Unidos.
Sin embargo, el retorno de una relación cercana con Washington no necesariamente implica una política de aislamiento hacia Venezuela. Por el contrario, el nuevo gobierno colombiano parece apostar por una relación pragmática que permita aprovechar oportunidades económicas, siempre dentro de una coordinación estratégica con sus principales aliados.
Veremos una diplomacia económica como prioridad. Uno de los elementos más destacados del discurso de Bula es la intención de transformar la política exterior colombiana en una herramienta para impulsar el crecimiento económico.
El canciller designado afirmó que trabajará junto al Ministerio de Hacienda y otras instituciones para convertir a Colombia en un país “realmente orientado al comercio”, promoviendo exportaciones, inversión privada y apertura de nuevos mercados.
Durante el gobierno de Gustavo Petro, la relación con Caracas estuvo marcada principalmente por la normalización diplomática, la reapertura fronteriza y la búsqueda de canales políticos. La administración entrante parece mantener el interés en una relación funcional con Venezuela, pero con un énfasis diferente.
La prioridad ya no sería únicamente mantener canales de diálogo político, sino convertir la relación bilateral en un mecanismo para generar crecimiento económico y fortalecer la posición regional de Colombia.
En este sentido, Venezuela podría ocupar un lugar estratégico dentro de la nueva política comercial colombiana como mercado cercano, como proveedor energético potencial y como espacio para la expansión de empresas nacionales.
Seguridad y crimen organizado: el principal desafío.
A pesar del enfoque económico, la seguridad seguirá siendo uno de los temas centrales de la relación con Venezuela.
Bula ha señalado que el crimen organizado transnacional representa una amenaza directa para la soberanía colombiana y que el nuevo gobierno buscará fortalecer la cooperación internacional para enfrentar estas redes.
Este punto será especialmente relevante en la frontera colombo-venezolana, donde operan grupos armados ilegales, redes de narcotráfico y economías ilícitas.
Plan Patriota 2.0 y Venezuela: el nuevo escenario de seguridad regional y el desafío del ELN binacional
La seguridad fronteriza entre Colombia y Venezuela vuelve a ocupar un lugar central dentro de la nueva arquitectura regional de defensa, en un momento en que ambos países atraviesan una transformación de sus relaciones internacionales y una redefinición de sus alianzas estratégicas.
Venezuela históricamente ha tenido un papel relevante en la dinámica del conflicto colombiano. Durante el gobierno de Gustavo Petro, Caracas fue incluso escenario de las conversaciones de paz entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), al actuar como país garante y sede de varias rondas de negociación. La participación venezolana buscaba facilitar un proceso político que permitiera reducir la violencia en la frontera y avanzar hacia una solución negociada con una organización armada cuya presencia había dejado de estar limitada al territorio colombiano.
Sin embargo, uno de los principales desafíos identificados por expertos y centros de investigación es precisamente la transformación del ELN en una estructura con capacidad de operación binacional. Un informe de la Universidad del Norte sobre la presencia del ELN en Venezuela advierte que la expansión de la guerrilla hacia estados venezolanos y municipios fronterizos ha modificado la naturaleza del grupo armado, al punto de que una eventual solución al fenómeno ya no dependería exclusivamente de decisiones tomadas en Bogotá.
De acuerdo con investigaciones como la realizada por la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), entre 2012 y 2019 el ELN consolidó presencia en los siete departamentos colombianos fronterizos con Venezuela, especialmente en Norte de Santander, Arauca y Vichada, mientras ampliaba redes de influencia al otro lado de la frontera.
Esta realidad convierte al ELN en uno de los principales puntos de convergencia entre la nueva política exterior colombiana, la agenda de seguridad estadounidense y la transformación de la relación Caracas-Washington.
El anuncio del Plan Patriota 2.0 por parte del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella representa un cambio importante en la estrategia de seguridad colombiana. La iniciativa, diseñada junto a Estados Unidos, busca modernizar las capacidades militares y policiales de Colombia, fortalecer la lucha contra organizaciones criminales transnacionales y recuperar capacidades operativas consideradas debilitadas durante los últimos años.
El plan contempla cooperación en inteligencia, vigilancia, reconocimiento, operaciones especiales, ciberdefensa, protección de infraestructura crítica, interdicción aérea, marítima y fluvial, además de la creación de un Centro Regional de Entrenamiento contra el Narcotráfico y las Amenazas Transnacionales.
Más allá de Colombia, el alcance del programa tiene implicaciones regionales porque parte de una premisa compartida entre Bogotá y Washington: las principales amenazas actuales ya no son exclusivamente nacionales, sino redes criminales que operan aprovechando espacios fronterizos y vacíos institucionales.
En ese escenario, Venezuela aparece inevitablemente como un factor estratégico.
El ELN como principal punto de conexión entre Colombia y Venezuela
La principal implicación del Plan Patriota 2.0 para Caracas estará relacionada con el tratamiento del ELN y otras estructuras criminales que operan en la frontera.
Durante años, la presencia del ELN en territorio venezolano fue un tema sensible dentro de la relación bilateral. Mientras Colombia denunciaba la expansión de grupos armados en zonas fronterizas, Caracas defendía una visión donde estos actores debían ser abordados principalmente desde una perspectiva política.
La nueva etapa podría modificar ese enfoque y generar una cooperación mediada por el liderazgo de la administración Trump.
La administración de De la Espriella parece orientarse hacia una estrategia donde el crimen organizado transnacional será considerado una amenaza regional, lo que implicaría una mayor coordinación con Estados Unidos y una presión de Washington para que Venezuela participe activamente en operaciones de seguridad fronteriza.
No obstante, el escenario actual es diferente al de años anteriores. La relación entre Caracas y Washington atraviesa un proceso de recomposición que ha permitido una cooperación práctica en materia de seguridad.
Incluso antes de los terremotos de junio, ambos gobiernos participaron en una operación conjunta contra el Tren de Aragua, que culminó con la neutralización de un importante líder de esa organización criminal. Este episodio mostró que, pese a las diferencias históricas, existe espacio para una cooperación en seguridad operativa.
Uno de los elementos más relevantes del nuevo escenario venezolano es la creciente influencia estadounidense sobre la administración de Delcy Rodríguez.
Tras el cambio político del 3 de enero, Caracas ha buscado una relación más funcional con Washington, especialmente en áreas donde existen intereses convergentes: energía, reconstrucción económica, seguridad regional y lucha contra redes criminales.
Esto abre la posibilidad de que Venezuela deje de ser vista únicamente como un escenario de competencia geopolítica y pase a convertirse en un socio operativo limitado en determinados temas.
Para Estados Unidos, el objetivo parece ser evitar que organizaciones criminales transnacionales consoliden corredores regionales, especialmente aquellos vinculados al narcotráfico, minería ilegal, tráfico de personas y contrabando.
Para Caracas, una mayor cooperación en seguridad podría representar una oportunidad para fortalecer la legitimidad internacional y recuperar capacidades institucionales alineadas con el plan diseñado por Washington.
El Plan Patriota 2.0 también debe entenderse dentro de una tendencia más amplia impulsada por Washington, relacionado con el llamado a que los países latinoamericanos incrementen su inversión en defensa y seguridad.
La administración estadounidense ha insistido en que América Latina debe asumir una mayor responsabilidad frente a amenazas transnacionales, especialmente aquellas relacionadas con crimen organizado, influencia extranjera y protección de infraestructura estratégica.
Colombia, como principal aliado militar histórico de Estados Unidos en Sudamérica, parece posicionarse como el principal socio regional de esta estrategia.
Para Venezuela, esto plantea un escenario complejo. Por un lado, Caracas podría beneficiarse de una mayor cooperación contra amenazas comunes y para la administración de Rodríguez representaría de seguirse mostrando como un socio de Trump no solo en lo económico, también en materia de seguridad y estabilización regional. Por otro lado, deberá administrar cuidadosamente el equilibrio entre acercarse a Washington y mantener autonomía estratégica.
Hacia una cooperación trilateral Washington-Bogotá-Caracas
El Plan Patriota 2.0 no necesariamente representa una amenaza directa contra Venezuela, pero sí modifica el entorno estratégico en el que Caracas deberá operar.
La estrategia representa una transición desde una visión tradicional de seguridad nacional hacia una arquitectura regional contra amenazas transnacionales.
Para Venezuela, el principal desafío será cómo integrarse en esta nueva dinámica sin perder autonomía política. La presencia del ELN, que durante años fue un factor de tensión entre Bogotá y Caracas, puede convertirse ahora en un punto de cooperación si ambos países logran transformar la frontera de un espacio de confrontación en un área de coordinación encabezada por Washington.
La paradoja del nuevo escenario es que una organización armada que durante años complicó la relación bilateral podría convertirse en uno de los incentivos para una mayor cooperación entre Colombia, Venezuela y Estados Unidos.
El futuro de la estabilidad regional dependerá de si esta nueva convergencia de intereses —seguridad, energía, reconstrucción económica y lucha contra el crimen organizado— logra superar las diferencias políticas del pasado y consolidar una nueva etapa de pragmatismo estratégico.
En esta situación, Estados Unidos tendría un papel clave como articulador de esta nueva dinámica debido a su capacidad militar, tecnológica y de inteligencia en el hemisferio.
La insistencia de la administración estadounidense en que los países latinoamericanos aumenten su inversión en defensa responde precisamente a una visión donde las amenazas actuales —carteles, grupos armados, redes criminales y actores externos— requieren capacidades regionales más sofisticadas.
Desde esta perspectiva, Colombia sería el principal socio militar de Washington en Sudamérica, mientras Venezuela podría convertirse en un socio operativo en temas específicos si mantiene la actual tendencia de acercamiento.
La influencia estadounidense sobre la administración de Delcy Rodríguez también puede facilitar este proceso. Washington posee actualmente herramientas de presión y negociación vinculadas a energía, inversión y acceso financiero, pero también incentivos para promover una mayor estabilidad regional.
