Para este sábado 1 de agosto estaba programado el inicio de una negociación política, que buscaría establecer una hoja de ruta hacia una transición democrática, con la mentoría de Washington, que otorga al encuentro un carácter de obligatoriedad para ambas facciones. Imagen: Guacamaya.
Guacamaya, 01 de agosto de 2026. Venezuela amaneció bajo la expectativa de un nuevo ciclo de conversaciones políticas que busca definir el futuro institucional del país. Este proceso, que sienta en una mesa de trabajo a representantes del Parlamento actual de mayoría chavista y de la Asamblea Nacional electa en 2015, se desarrolla bajo la promoción directa de los Estados Unidos y tras la extracción de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero y el doble terremoto del 24 de junio.
La agenda de este encuentro, aunque descrita por algunos como “mesa técnica y política paritaria”, tiene objetivos profundamente divergentes según el bando. Inicialmente, se ha conformado una “mesa técnica y política paritaria” de 20 integrantes, aunque distintas fuentes señalan que el encuentro podría llegar a alcanzar los 24 o 30 participantes.
La composición de las dos delegaciones también ha generado críticas y divisiones; no representa a dos parlamentos, sino realmente a tres partidos: el PSUV gobernante, Primero Justicia y Voluntad Popular. Por otro lado, este diálogo surge por iniciativa de Estados Unidos, en vez de actores nacionales, y se ha excluido abiertamente a la fuerza más popular de la oposición, liderada por María Corina Machado.
Las certezas y dudas sobre las delegaciones
La Oposición (AN 2015), liderada por Dinorah Figuera, aspira a una “hoja de ruta para la estabilidad y recuperación del país”. Sus puntos de honor incluyen la renovación total del Consejo Nacional Electoral (CNE), la reestructuración del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el cese de inhabilitaciones políticas y un cronograma electoral presidencial oportuno.
Por su parte, el chavismo (AN 2025), bajo la vocería del actual presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el respaldo del secretario general del PSUV, Diosdado Cabello, insiste en que el diálogo no es para “capitular”. Su prioridad absoluta es el levantamiento de las sanciones internacionales, el respeto a la Constitución vigente y el mantenimiento de la paz tras la tragedia sísmica.
La delegación opositora, según información extraoficial, está compuesta principalmente por fichas de Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popular (VP). Entre ellas se incluyen, por PJ, además de Figuera, a Juan Miguel Matheus, Ramón López, Jorge Millán, Elimar Díaz y Julio César Moreno. Mientras, por VP van Marco Aurelio Quiñones, Sergio Vergara, Macario González y Desiré Barboza.
Por el bando chavista, el hermetismo ha sido la norma. Solo Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, ha sido confirmado oficialmente como jefe de la delegación. Se espera que lo acompañen otros diputados del PSUV, pero sus nombres se han mantenido en reserva hasta el último momento.
El impulso de Washington y el factor Rubio
El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha sido el verdadero arquitecto de este acercamiento. El secretario de Estado, Marco Rubio, no solo anunció la fecha de inicio, sino que, según información de ABC de España, ha supervisado reuniones preparatorias en Madrid entre Dinorah Figuera y el enviado no oficial para América Latina y para Venezuela, Mauricio Claver-Carone.
Sin embargo, un día antes del encuentro de este 1° de agosto, Claver-Carone declaró a Reuters su separación de ambas responsabilidades, un hecho que no se sabe cómo pueda repercutir en los avances. La presencia de Estados Unidos, no obstante, supone un “tutelaje” de la mesa en búsqueda de una “transición democrática pacífica” como bastión que dé garantías a inversionistas.
Rubio ha enfatizado que para que haya reconciliación, “cada elemento de la sociedad venezolana necesita estar representado”, aunque en la práctica Washington ha elegido a la AN 2015 como su interlocutor legítimo. A diferencia de negociaciones anteriores, lo relevante es que el chavismo en el poder no controla el proceso, algo que favorece el aumento de expectativas por resultados favorables.
María Corina Machado y los actores marginados
La ausencia más notoria es la de María Corina Machado, premio Nobel de la Paz y líder con mayor respaldo popular según las primarias de 2023. Junto a Edmundo González Urrutia, Machado emitió un comunicado en el que se desmarca del diseño y funcionamiento de este mecanismo, al advertir que solo respaldarán iniciativas que produzcan “avances reales y verificables”.
Otros sectores como Acción Democrática (AD), en voz de Henry Ramos Allup, Andrés Velásquez (La Causa R) o el actual diputado por Unión y Cambio, Henrique Capriles, han criticado la exclusión de Machado y señalado que un proceso sin todas las fuerzas está “condenado a fracasar”. La Fracción 16J de la AN 2015 (Alianza Bravo Pueblo, Vente Venezuela y Convergencia) mantiene escepticismo y se declara en “función contralora” para vigilar los acuerdos.
Aun así, el propio movimiento de Capriles, Unión y Cambio, y el partido Un Nuevo Tiempo, liderado por Manuel Rosales, sostienen un apoyo al proceso en favor de la “reinstitucionalización del país” y basado en la “pluralidad”. Mientras tanto, el diputado Luis Augusto Romero (Avanzada Progresista) tildó de “mezquindad e irresponsabilidad” la postura de aquellos sectores que descalifican el diálogo solo por no haber sido invitados.
Las grietas en el chavismo
El proceso no solo divide a la oposición. Dentro del chavismo, la diputada Iris Varela ha calificado las negociaciones de “falsedad” y “abstracción”, al afirmar rotundamente: “Iris Varela no apoya esas negociaciones”. Durante una protesta en Caracas contra la presencia de Israel y Estados Unidos en Venezuela, también exigió que “quien haya montado gobiernos paralelos y violado la Constitución no quede impune”.
A su vez, el diputado y exgobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, pidió que las bases del PSUV sean consultadas sobre las negociaciones y que los acuerdos sean consultados con el pueblo.
En paralelo, un grupo de 29 “chavistas originarios” firmó la Declaración de Maracay, exigiendo el fin del “tutelaje” de Estados Unidos y demandando transparencia en el manejo de los recursos nacionales. Figuras como Elías Jaua y Tony Boza han abogado por un diálogo “coherente, honesto y transparente” que incluya a todos los factores sociales sin injerencia extranjera.
Demandas y expectativas de la sociedad civil
La sociedad civil, golpeada por la crisis y los efectos del doble terremoto, exige resultados tangibles. Por un lado, la Alianza por la Libertad de los Presos Políticos demanda del diálogo un indulto general para “los más de 500 detenidos por razones políticas”. Mientras, sindicatos en Guayana como Sintraferrominera expresan escepticismo, al afirmar que el foco debe ser un “cronograma electoral presidencial”.
Analistas como Phil Gunson advierten que “no vamos a pasar de una dictadura a una democracia plena de la noche a la mañana”, al sugerir que es más probable un gobierno de transición previo a elecciones libres. Por su parte, Benigno Alarcón señala que Estados Unidos busca una “solución final” para proteger a los inversionistas y estabilizar el mercado petrolero.
Entonces, ¿qué se puede esperar?
A pesar del despliegue informativo, persisten sombras sobre el encuentro e incluso rumores de ser pospuesto. Se estima que sea en la sede accidental de la Asamblea Nacional ubicada en La Carlota o en la Embajada de Estados Unidos, pero no hay confirmación oficial. No se sabe si habrá diputados de la oposición que actualmente ocupan escaños en la asamblea de mayoría chavista.
Este intento se suma a una larga lista de negociaciones fallidas desde 2002, incluyendo la mesa de la OEA (2003), la Conferencia de Paz (2014), el diálogo del Vaticano (2016), Santo Domingo (2017), Oslo (2019) y los más recientes Acuerdos de México y Barbados (2021-2024). La diferencia hoy radica en la presión directa de Washington y la debilidad del oficialismo tras la captura de Maduro.
La misma ausencia de los detalles técnicos hace probable que el primer encuentro sea meramente protocolar e informativo o que incluso sea probable ser pospuesto. La credibilidad del proceso dependerá también de la transparencia de su funcionamiento, a la vez que de “señales tempranas”, como la liberación de los primeros presos políticos o la formalización de un cronograma para renovar el CNE.
