Ante la magnitud del reciente terremoto en Colombia, el presidente Abelardo de la Espriella busca coordinar la asistencia humanitaria y la reconstrucción de las zonas afectadas, mientras el Gobierno venezolano ofrece una ayuda cuestionada por su población. | Fotografía: Joaquin Sarmiento/Agence France-Presse.
Guacamaya, 11 de agosto de 2026. Este lunes 10 de agosto a las 7:34 AM de Colombia, dicho país fue sacudido por el sismo de mayor magnitud registrado en su territorio en el siglo XXI. El terremoto de magnitud 7.4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, además de poner a prueba los cimientos del occidente colombiano, para los venezolanos, evoca inevitablemente el dolor tras el doblete sísmico del pasado 24 de junio.
Aunque las cifras oficiales en Colombia han tardado en consolidarse, el balance más divulgado refiere 181 fallecidos frente a cálculos de la prensa local e internacional que estiman hasta 250 decesos a la vigente fecha. Al mismo tiempo, se registran más de 2.500 heridos y al menos 195 desaparecidos, pese a que las redes ciudadanas de búsqueda ya contabilizan alrededor de 4.000 reportes de personas no localizadas.
Las ciudades de Cali, Pereira, Manizales y Quibdó concentran el mayor nivel de devastación, con reportes de al menos 165 edificios colapsados y graves daños en infraestructuras críticas. Ante la magnitud de la catástrofe, el presidente Abelardo de la Espriella declaró el estado de desastre nacional y enfrenta así su primera gran prueba a apenas días de asumir el mandato.
¿Por qué no es el mismo escenario de Venezuela?
Para quienes están en Venezuela, esta noticia llega como un eco del sufrimiento padecido por los sismos del pasado 24 de junio. Aunque los eventos de ambos países comparten una magnitud similar, las consecuencias, las implicaciones técnicas y la capacidad y medidas inmediatas de respuesta marcan una distancia importante que es necesario abordar.
Por un lado, el terremoto colombiano consistió en la subducción (o movimiento diagonal-oblicuo) de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana, evento que se sintió en una extensión que alcanzó a Panamá y Ecuador. En cambio, el desastre venezolano fue un “doblete” sísmico (dos eventos de 7.2 y 7.5 con 39 segundos de diferencia) causado por un desplazamiento lateral en la placa del Caribe.
Además, el terremoto de Colombia ocurrió a una profundidad intermedia de entre 103 y 107 kilómetros, según datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) y el Servicio Geológico Colombiano (SGC). En contraste, los sismos en Venezuela fueron muy superficiales (20,3 km y 10 km), lo que explica por qué la tragedia ha dejado la cifra catastrófica, hasta ahora, de más de 6.300 muertos.
Sin embargo, la vulnerabilidad de los suelos sí se presenta como un aspecto en común. Expertos señalan en Colombia que la licuefacción de suelos debido a la humedad del terreno en el Chocó y el Eje Cafetero pudo ser determinante para el colapso de edificios. El hecho se explica de forma similar en Venezuela por los suelos sedimentosos característicos de las costas de La Guaira.
En relación a la atención, a diferencia de Venezuela, Colombia cuenta desde 2012 con un Sistema Nacional de Gestión del Riesgo que articula respuestas territoriales. No obstante, el desastre actual en suelo vecino ha reabierto el debate sobre la “deuda histórica” y la falta de presencia del Estado en regiones marginadas como Chocó, hecho también cuestionado en la zona cero de desastre en Venezuela.
La ayuda venezolana y las críticas internas
Horas después del sismo, el Ejecutivo venezolano, a través de la vicepresidenta Delcy Rodríguez y la Cancillería, ofreció formalmente el envío de un grupo de rescatistas y ayuda humanitaria. El comunicado oficial subraya, además, que esta oferta se realiza dentro del marco del “respeto pleno a la soberanía y autodeterminación” de Colombia.
No obstante, este gesto de solidaridad ha generado una ola de críticas en redes sociales. Ciudadanos en zonas como La Guaira denuncian que aún persisten los reclamos por la falta de atención y reconstrucción tras el terremoto de junio. Denuncias resaltan que el primer reporte oficial del evento tardó seis horas en llegar, sin ofrecer detalles iniciales sobre víctimas.
Al mismo tiempo, se cuestiona la viabilidad de alcanzar la meta gubernamental de entregar 4,000 viviendas antes de fin de año mientras se ofrece asistencia externa. Además, el contexto político entre el nuevo gobierno de De la Espriella y las figuras del gobierno anterior en Colombia añade una capa de complejidad diplomática a la aceptación de esta ayuda.
La realidad venezolana se manifiesta, de hecho, con otra peculiar situación. El grupo mexicano Topos USAR BREC, que lleva más de 40 días ayudando al país, busca ahora trasladarse a Colombia. Solicitan camionetas pickup y gasolina para cruzar la frontera por tierra, ya que las restricciones aéreas impiden el traslado de combustible para sus herramientas.
El gran reto político y administrativo de De La Espriella
La tragedia no ha escapado a la polarización política. El gobierno de De la Espriella denunció una supuesta campaña desde “sectores de la administración saliente” para desprestigiar su gestión ante organismos internacionales. Aun así, el hecho de que el Gobierno colombiano haya tenido que solicitar ayuda internacional a la ONU es visto por sectores opositores como una admisión de una capacidad rebasada.
Otra de las críticas más severas a la gestión de De la Espriella es lo que algunos analistas y ciudadanos consideran una priorización del orden público sobre la logística de salvamento. Mientras que miles de personas permanecían atrapadas, el foco mediático y operativo inicial se centró en el despliegue de 1.000 soldados en Cali y la imposición de toques de queda en Pereira para evitar saqueos.
Al mismo tiempo, el sismo también desnuda la “falta de Estado” histórica en el Pacífico, en la que líderes locales en Quibdó y Buenaventura denuncian una respuesta institucional lenta. La caída de los dos puentes principales en Buenaventura y el cierre de seis aeropuertos por daños estructurales dejaron a comunidades enteras incomunicadas.
Además, existe un malestar creciente por la lentitud y las discrepancias en las cifras oficiales. Mientras las gobernaciones regionales reportaban balances de más de 200 fallecidos, el Gobierno Nacional mantenía cifras considerablemente inferiores en sus primeros reportes consolidados, lo que ha generado una percepción de desconexión entre la capital y las regiones.
La gestión colombiana enfrenta el reto de demostrar que su fortaleza no es solo discursiva o militar, sino operativa. Las primeras estimaciones para la reconstrucción ascienden a $20 billones de pesos colombianos (6.300 millones de dólares), equivalentes al 1 % del PIB, una cifra que presiona el presupuesto nacional de 2027 en medio de ajustes gubernamentales.
En Venezuela, mientras tanto, se observan los efectos con una mezcla de hermandad y amargura, al tiempo en que se recuerda o se evidencia que la tierra no distingue fronteras, pero que la fortaleza de las instituciones es lo único que marca la diferencia entre una amenaza natural y una catástrofe humanitaria.
