Santiago Peña, presidente de Paraguay se reúne con Delcy Rodríguez presidenta interina de Venezuela en el Palacio de Miraflores marcando el reestablecimiento de relaciones entre ambos países. Fotografía: @santipenapy instagram.
Guacamaya, 20 de septiembre de 2026. Santiago Peña viajó a Venezuela antes de la Asamblea General de la ONU, en el primer acercamiento formal de Paraguay con el Palacio de Miraflores desde que Delcy Rodríguez asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro. El viaje cierra —al menos por ahora— un ciclo de veinte meses de ruptura diplomática y reabre un expediente bilateral que combina reconocimiento político, una deuda petrolera litigada en París y casi una década de vaivenes según quién gobierna en cada capital.
Las relaciones entre Paraguay y Venezuela llevan más de una década funcionando como un termómetro casi exacto de la política interna paraguaya. Cada cambio de gobierno en Asunción —y cada elección, real o disputada, en Caracas— ha producido un giro marcado por el reconocimiento,la ruptura y la reconciliación y la ruptura otra vez.
El antecedente más citado por el propio chavismo es el de enero de 2019, cuando el entonces presidente paraguayo Mario Abdo Benítez rompió relaciones diplomáticas con Venezuela tras la segunda investidura de Maduro, calificada por Asunción de “ilegítima”. Paraguay se convirtió entonces en uno de los países del Grupo de Lima que reconoció a Juan Guaidó como presidente interino; semanas después, Abdo Benítez lo recibió en Asunción. Esa ruptura se sostuvo durante todo el mandato de Abdo Benítez (2018-2023).
Con la llegada de Santiago Peña a la presidencia, Paraguay restableció relaciones con Caracas en noviembre de 2023. La reconciliación duró poco más de un año, pues el 5 de enero de 2025, tras una videollamada de Peña con Edmundo González Urrutia y María Corina Machado en la que el mandatario paraguayo reconoció a González como “ganador de las elecciones presidenciales” venezolanas de julio de 2024, el gobierno de Maduro rompió relaciones “en ejercicio pleno de su soberanía” y expulsó al embajador venezolano Ricardo Capella, dándole 48 horas para abandonar el país. Caracas acusó a Peña de repetir “una práctica fracasada que recuerda las fantasías del extinto Grupo de Lima”. Paraguay, por su parte, ratificó su reconocimiento a González Urrutia como presidente electo.
El origen del pasivo se remonta a un acuerdo de suministro firmado en 2009, durante la presidencia de Fernando Lugo, y ratificado por los congresos de ambos países. Desde entonces, el monto reclamado ha variado ya que en 2012 hablaban de 250 millones de dólares; en 2016, bajo la presidencia de Horacio Cartes, PDVSA reclamaba entre 273 y 287 millones y amenazó con una demanda judicial si Petropar no pagaba antes del 10 de junio de ese año; en 2019, al momento de la ruptura de relaciones, Paraguay reconocía una deuda de 280 millones; en 2023, bajo Abdo Benítez, la cifra citada por PDVSA superaba los 300 millones; y en enero de 2025 el procurador paraguayo Marco Aurelio González admitió públicamente que la deuda “existe”, situándola en al menos 300 millones de dólares, frente a los más de 400 millones que reclamaba el ministro venezolano Diosdado Cabello.
La disparidad entre las cifras no es un error de reporteo, refleja un litigio real sobre la tasa de interés y el momento en que empiezan a correr los intereses moratorios, disputa que se dirime —cuando el proceso no está suspendido por la ruptura de relaciones— en un tribunal arbitral con sede en París.
Paraguay nunca ha desconocido la deuda en sí. Incluso en el comunicado de ruptura de 2019, el Ejecutivo paraguayo aclaró que “no desconoce la deuda contraída con PDVSA” y que esta sería “honrada por el Estado paraguayo en forma y en tiempo” una vez resuelto el litigio. Lo que ha estado en disputa, en distintos momentos, es si Venezuela puede aplicar una tasa de interés moratorio superior a la pactada originalmente, y si un segundo acuerdo —que Petropar sostiene que no le es vinculante— modifica esas condiciones.
El día jueves de esta semana el canciller de Paraguay reconoció la existencia de la deuda poco antes del viaje de Santiago Peña a Caracas.
Durante los últimos diez años, Paraguay ha sido uno de los gobiernos latinoamericanos más consistentes en la presión diplomática contra el chavismo, con matices según el color político de turno. Abdo Benítez condenó públicamente la inhabilitación política de María Corina Machado en 2023, calificándola de una violación “que choca clara y escandalosamente con la letra clara de los derechos humanos”. Peña, ya en 2025, invocó el Acuerdo de Barbados —el pacto entre oposición y chavismo para garantizar elecciones libres— para justificar su respaldo a González Urrutia, argumentando que el régimen nunca cumplió sus términos y que Paraguay había denunciado desde enero de 2024 la proscripción de candidaturas opositoras.
Hay que recordar que el presidente de Paraguay, Santiago Peña, viajó a Oslo en diciembre de 2025 para participar en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a la líder opositora venezolana María Corina Machado.
Ese ciclo de presión diplomática, sin embargo, quedó eclipsado por un hecho que ninguna cancillería latinoamericana anticipó en esos términos, ya que la madrugada del sábado 3 de enero de 2026, fuerzas militares estadounidenses ejecutaron la Operación Resolución Absoluta, un ataque que —según Washington— neutralizó las defensas aéreas venezolanas y culminó con la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, en su residencia de Caracas. Ambos fueron trasladados al buque USS Iwo Jima, con escala en la base naval de Guantánamo, antes de ser entregados a la justicia federal estadounidense en Nueva York, donde Maduro enfrenta cargos.Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta, asumió el poder el 3 de enero y de forma “encargada” desde el 5 de enero de 2026
El primer mandatario latinoamericano en viajar a Caracas tras ese cambio de poder fue el entonces presidente colombiano Gustavo Petro, en abril de 2026. La visita de Santiago Peña, autorizada por el Senado paraguayo el miércoles 16 de septiembre, sería la segunda de ese tipo y la primera de un gobierno que, hasta hace apenas ocho meses, mantenía rotas sus relaciones con Caracas por negarse a reconocer al chavismo como interlocutor legítimo.
Lo que está sobre la mesa ahora
La Presidencia anunció el sábado sobre la tarde hora de Venezuela la llegada de Peña quien fue recibido por el Canciller de Venezuela Félix Plasencia y se reunió con la presidenta interina Delcy Rodríguez en el Palacio de Miraflores. Todo esto antes de su participación en el debate general de la Asamblea General de la ONU, previsto entre el 19 y el 29 de septiembre. Sí es claro, según la agencia EFE y medios paraguayos y venezolanos que replicaron su despacho, que el encuentro se produce con “asuntos bilaterales pendientes”, entre ellos la deuda de Petropar con PDVSA, cercana —de nuevo, según la cifra más reciente citada por la prensa paraguaya— a los 300 millones de dólares.
Un dato adicional conecta este acercamiento con la crisis migratoria regional es que el 9 de enero de 2026, la Cancillería paraguaya anunció que todo ingreso de venezolanos a su territorio quedaría sujeto a “una verificación previa” de documentos y antecedentes penales, endureciendo un régimen que desde 1996 permitía el ingreso sin visa por períodos de hasta 60 días. La medida, adoptada apenas días después de la caída de Maduro, sugiere que Asunción anticipaba —o teme— un nuevo flujo migratorio venezolano derivado de la incertidumbre política posterior al 3 de enero.
Queda por verse si el viaje de Peña se traduce en la restitución formal de relaciones diplomáticas plenas —con embajadas reabiertas— o si se limita, por ahora, a un encuentro exploratorio con Delcy Rodríguez, cuyo propio estatus como jefa de Estado “encargada” o “de facto” sigue sin una definición constitucional clara casi nueve meses después de la salida de Maduro.
La visita de Santiago Peña puede marcar un punto de inflexión en la reintegración de Venezuela y sus relaciones con el resto de la región que se habían congelado en los últimos años especialmente tras el ascenso de gobiernos de derecha. Ahora con el respaldo de los Estados Unidos parece abrirse la puerta para una recomposición de las relaciones regionales para Caracas, las cuales habían sido esquivas y más complejas para el restablecimiento que con el caso de las naciones europeas por ejemplo .
