El “Caracazo” fue un estallido social en Venezuela, empezando el 27 de febrero de 1989. El ejército fue enviado a reprimirlo, dejando decenas de muertos y heridos. Fotografía: Prensa Presidencial.
Guacamaya, 27 de febrero de 2025. Diversas organizaciones de derechos humanos han utilizado las redes sociales para alertar que, a 36 años del Caracazo, las violaciones a los derechos fundamentales en Venezuela aún persisten. Este estallido social, ocurrido el 27 de febrero de 1989, dejó una profunda huella en la memoria colectiva del país, con centenares de muertos, decenas de heridos y numerosas víctimas de la represión estatal.
La ONG Provea ha señalado que, a pesar del tiempo transcurrido, las condiciones de vida de los venezolanos no han mejorado significativamente. “A 36 años continúa el terror de violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Impunidad del pasado y del presente”, expuso Provea a través de su cuenta en la red social X.
Amnistía Internacional, por su parte, recordó la importancia de defender los derechos humanos y exigir justicia para las víctimas, para evitar que las trágicas consecuencias del Caracazo vuelvan a ocurrir. Acceso a la Justicia también emitió una declaración en la que rememoró este evento clave en la historia contemporánea de Venezuela, al destacar que estuvo marcado no solo por las protestas masivas sino también por los saqueos a comercios.
El Caracazo, que comenzó en la ciudad de Guarenas y se extendió a las populares barriadas caraqueñas, fue una respuesta a las alzas de precios y tarifas exigidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en un acuerdo con el gobierno del entonces presidente Carlos Andrés Pérez. Las protestas y saqueos fueron mitigados violentamente por militares y policías, lo que dejó un número aún no determinado de fallecidos, que varía entre 300 y 3,000 según diferentes fuentes.
En la actualidad, la situación de los derechos humanos en Venezuela sigue siendo crítica. La ONG Derechos Humanos en Movimiento denunció que el 10 de enero de 2025, se materializó un hito político de gran gravedad con “la instalación de un gobierno de facto”, lo que ha perpetuado la represión y las violaciones a los garantías individuales.
Las organizaciones de derechos humanos continúan documentando y denunciando las violaciones, con la expectativa de que algún día se haga justicia para las víctimas y se logre un cambio significativo en el país.
