La Corte Suprema de los Estados Unidos en Washington. Fotografía: SCOTUS.
Guacamaya, 16 de mayo de 2025. Este viernes, la Corte Suprema de Estados Unidos tomó una decisión importante al afirmar que el gobierno de Donald Trump pasó por alto derechos constitucionales al intentar deportar rápidamente a migrantes venezolanos usando una ley de guerra de 1798. Con un resultado de 7 votos a favor y 2 en contra, la Corte amplía la suspensión de deportaciones en Texas, pero deja que las cortes de menor rango decidan sobre la legalidad final de esta controvertida medida.
El 16 de mayo, la Corte Suprema no se contuvo y criticó de forma contundente a la administración Trump, que pretendía deportar a migrantes venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros (AEA, por sus siglas en inglés). Esta ley, que data de 1798, fue pensada para situaciones bélicas, no para abordar problemas migratorios. Los jueces señalaron que al avisar a los migrantes con solo 24 horas de anticipación, y sin explicarles cómo podían impugnar la decisión, se estaba vulnerando su derecho a un proceso justo.
Esta ley fue utilizada por la administración Trump para enviar al menos 245 venezolanos a la prisión CECOT de El Salvador. Esto podría constituir otras ilegalidades al enviar deportados a un tercer país, sin avisar a sus familiares y a un lugar donde es probable que se violen sus derechos humanos.
Este fallo, apoyado por siete magistrados, dejó sin efecto una decisión previa de un tribunal de apelaciones del Quinto Circuito que había respaldado las deportaciones. La Corte hizo hincapié en el hecho de que un juez de Texas tardó más de 14 horas en responder a una solicitud de emergencia presentada por los migrantes, lo que prácticamente les negó una protección ante un daño que podría ser irreversible.
A pesar de no emitir un juicio final sobre el uso de la AEA, la Corte recalcó que el gobierno no siguió su propia orden anterior de asegurarse de que los afectados tuvieran el tiempo necesario para recibir notificaciones adecuadas y buscar opciones de apelación. 24 horas no son suficientes es lo que se destacó en el fallo, al referirse al tiempo mínimo otorgado a los venezolanos que estaban detenidos en un centro de inmigración en Texas.
Los jueces conservadores Samuel Alito y Clarence Thomas votaron en contra, pero no ofrecieron una explicación sobre su disenso.
La organización Venezuelan-American Caucus celebró la decisión como una gran victoria. Mientras tanto, el presidente Trump acusó en sus redes que la Corte Suprema “está siendo usada por perdedores de la izquierda radical”.
La controversia comenzó en abril de 2025, cuando la administración Trump decidió reactivar la AEA, alegando que había una crisis migratoria que justificaba estas acciones. La ACLU rápidamente presentó una demanda de emergencia en nombre de los venezolanos, pero el Quinto Circuito desestimó la petición al principio por no tener competencia para abordar el caso, un razonamiento que la Corte Suprema ahora ha calificado de “erróneo”.
Mientras este asunto vuelve a las cortes de menor rango, los migrantes continúan en un estado de incertidumbre legal, siendo protegidos temporalmente de la deportación. Esta decisión representa un nuevo capítulo en la tensa relación entre Trump y el sistema judicial, particularmente en lo que respecta al manejo de la migración y la autoridad del gobierno.
