Tras más de cinco meses de negociaciones, el reglamento definitivo contempla rebajas fiscales y aclara varias ambigüedades de la Ley de Hidrocarburos, aprobada el 29 de enero de 2026. Fotografía: Instagram / @petroleosdevenezuela.
Guacamaya, 9 de julio de 2026. El Gobierno de Venezuela publicó finalmente el reglamento de la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH), que aclara varias normas para la industria más importante del país.
El documento, con fecha del 7 de julio pero publicado dos días más tarde, aparece más de cinco meses después de la aprobación de la LOH, tras un arduo período de negociaciones a tres partes entre Caracas, Washington y las corporaciones petroleras. Ya habían circulado al menos dos borradores anteriormente, que nunca llegaron a ser firmados por el Ejecutivo.
La LOH, aprobada el 29 de enero, abre la industria petrolera a una mayor participación del sector privado, ofreciéndoles impuestos más bajos y control sobre operaciones y comercialización, demoliendo así casi dos décadas de monopolio estatal. Su importancia no puede ser sobreestimada en una economía petrolera: en 2025, esta industria generó el 70% de los ingresos por exportaciones.
Sin embargo, la ley mantenía ambigüedades importantes que debían ser resueltas por el Ministerio de Hidrocarburos, entregando así al brazo Ejecutivo un amplio margen de discrecionalidad. Este reglamento aclara muchos de estos puntos, especialmente las alícuotas para regalías e impuestos.
Rebaja y claridad en regalías e impuestos
La LOH introdujo una regalía del 0 al 30%, y un “Impuesto Integrado de Hidrocarburos” (IIH) del 0 al 15%, mientras eliminaba una serie de tasas y contribuciones especiales, simplificando así el régimen fiscal para las operaciones petroleras. Sumados, los dos impuestos pueden llegar al 45% del ingreso bruto, que deben combinarse con el impuesto sobre la renta (ISRL).
Uno de los principales puntos de tensión fue que ni la LOH ni los primeros borradores especificaron en qué condiciones se rebajarían estas alícuotas. En el nuevo decreto, por fin se deja explícito.
Los campos sin desarrollar, conocidos como greenfield enfrentarían una regalía e IIH combinado del 20%; los campos de petróleo extrapesado del 25%; los ya desarrollados o brownfield sin producción del 30%; y los brownfield ya con producción del 35%. Es decir, en el nivel más alto, todavía no se llega al máximo teórico de 45%, generando una rebaja en la práctica.
Con los campos costa afuera se agrega la posibilidad de una rebaja de hasta el 5% adicional, teniendo en cuenta que supone costos más elevados. Entre ellos encontramos áreas petroleras como el campo Corocoro y el Golfo de Paria.
También se incentivan las actividades conocidas downstream: los proyectos que incluyan la construcción o ampliación de transformación, mejoramiento o refinación de crudo contarán con una alícuota agregada de hasta un 5% menor.
El ISLR podría oscilar entre el 34% y el 50% teniendo en cuenta las condiciones de cada proyecto. También se contempla la posibilidad de modificar las alícuotas mientras el contrato sigue vigente, a raíz de una solicitud de la empresa operadora.
Disputas y seguridad jurídica
Las dudas o controversias que puedan surgir en los contratos regulados por la LOH pueden resolverse en tribunales venezolanos, o en “mecanismos alternativos” que no se especifican. Estos serán definidos por el Ministerio de Hidrocarburos en conjunto con la Procuraduría General de la República.
Este punto de tensión se debe a que las sanciones de Washington, a través de licencias generales, obligan a las empresas a seguir la jurisdicción de Estados Unidos. Entre las últimas actualizaciones de estas licencias, sin embargo, se abrió la posibilidad de acudir a tribunales en el Reino Unido, Francia y Singapur, mientras que se contempla la jurisdicción venezolana para ciertos aspectos contractuales.
En borradores anteriores, se había planteado el recurso de tribunales de arbitraje internacionales específicos, como el de Hong Kong, lo que podría generar fricciones con las sanciones norteamericanas.
Responsabilidad por el suministro eléctrico
Las empresas operadoras serán responsables del suministro de energía eléctrica para las “actividades primarias”, como la exploración y la producción.
Aquí entra el principal cuello de botella en la economía venezolana: aumentar la producción petrolera requiere un mayor suministro de electricidad, mientras el país sigue enfrentando apagones frecuentes, que pueden llegar a hasta 7 horas por día en algunas regiones.
La Asamblea Nacional, mientras tanto, ya había comenzado a debatir una reforma al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) que rompería el monopolio del Estado, abriendo oportunidades a empresas mixtas público-privadas y operaciones completamente privadas.
El gas asociado deberá ser aprovechado, pero sin incentivos claros
Las empresas operadoras deberán cuantificar y aprovechar el “gas asociado” que genera la producción petrolera. En algunos casos puede rondar el 30% del volumen de hidrocarburos extraídos. De otra forma, el Ejecutivo podrá sin costo alguno recolectar y manejar el gas no aprovechado.
Este gas asociado tiene varios usos prácticos, aunque históricamente Venezuela los ha desechado mientras se ha enfocado en el petróleo. Entre ellos están la reinyección para devolver parte de la presión perdida en los pozos, o su transformación en los productos de uso cotidiano, como el butano para cocinar o la generación de energía termoeléctrica.
El desafío sigue siendo el mismo. PDVSA Gas monopoliza la compra mientras el Gobierno ha fijado los precios más bajos de la región, por lo que no existe todavía un incentivo económico para la captura del gas asociado.
Por esta razón, Venezuela es uno de los principales contaminadores por quema y venteo: e desperdician 2,3 mil millones de pies cúbicos por día por quema y venteo, lo que representa el 58% del gas extraído, y más que el consumo diario de Colombia y Trinidad y Tobago juntos.
Normas ambientales y tecnología
El nuevo reglamento también hace hincapié en normas para proteger el ambiente, estableciendo responsabilidades para las empresas operadoras.
El documento especifica que “deberán implementar sistemas tecnológicos avanzados, incluyendo inteligencia artificial, para la medición, monitoreo y control de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), quema y venteo excepcional de gas asociado y eficiencia energética en las operaciones”.
Cinco años antes del vencimiento del contrato o concesión para actividades primarias, cada empresa operadora también será sujeta a una auditoría ambiental independiente, en coordinación con los ministerios de Hidrocarburos y Ambiente.
Ordenando la industria más importante del país
El reglamento, de 32 páginas, contempla muchos otros temas, como programas para sustitución de importaciones, criterios de inspección, sistemas de medición fiscal, y que normas deben seguir los planes de negocio y de comercialización.
También se especifican sanciones, por ejemplo, por incumplir con el Plan de Abastecimiento Nacional, desvío de combustible, manipulación de calidad, o incumplimiento de contratos y otras normas. El petróleo no es solo una fuente de ingresos, sino también un activo estratégico para la nación; también es responsable de la accesibilidad de gasolina y bombonas subsidiadas, fundamentales para la calidad de vida y la estabilidad.
La industria petrolera representa la mayor fuente de divisas para toda Venezuela, así como de ingresos para el Estado. La reforma de la LOH fue aprobada con prisas, menos de un mes después de la operación militar estadounidense que capturó a Nicolás Maduro. Sin embargo, su aplicación no fue entregada con la misma celeridad, llevando a más de cinco meses de negociaciones: una muestra de su gravedad.
