Mientras el oficialismo intenta aliviar su aislamiento, la oposición impulsada por los Estados Unidos busca la restitución de la democracia mediante un nuevo cronograma electoral y la reforma de los poderes públicos. | Fotografía: Asamblea Nacional
Guacamaya, 06 de agosto de 2026. En lo que puede considerarse como una “puesta en escena” para validar compromisos ya alcanzados entre Washington y Caracas, este jueves se instaló formalmente en el Centro de Convenciones de La Carlota la mesa de diálogo entre la delegación del Gobierno venezolano y la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional de 2015.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de una nota oficial, fijó posición de respaldo total sobre el proceso que se desarrolla en La Carlota. La instancia calificó estas conversaciones directas como una “oportunidad única” para avanzar hacia un futuro estable y próspero. En este sentido, instó “a todos los implicados” a apoyar el esfuerzo para alcanzar “resultados tangibles”.
Por la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional 2015 asistieron Dinorah Figuera, Marco Aurelio Quiñones, Ramón López, Jorge Millán y Juan Miguel Matheus. Destaca que Desiré Barboza (de la comisión de apoyo) asistió en lugar de Sergio Vergara (de la comisión técnico-política) para este encuentro presencial.
El oficialismo, por su parte, envió a la directiva plena de la AN vigente: Jorge Rodríguez, Pedro Infante y América Pérez. Completan el grupo Jorge Arreaza, la ministra Ana María San Juan y Génesis Garvett, recientemente designada viceministra del Vivir Bien Estudiantil y la Comunidad Universitaria.
Elecciones, exclusión de Machado y el factor “outsider”
El cronograma electoral se perfila como el principal tema de interés para los venezolanos. Bajo el citado amparo estadounidense, el proceso arranca con una hoja de ruta que, según fuentes cercanas a la mesa consultadas por El País, ya tendría las cartas echadas: una renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE) para diciembre de este año y la celebración de elecciones regionales en 2027.
En relación a las elecciones presidenciales, el senador republicano Bernie Moreno ha puesto sobre la mesa la propuesta simbólica del 24 de julio de 2027 —natalicio de Simón Bolívar— como fecha para los comicios presidenciales. La propuesta la enmarcó como parte del plan de tres fases impulsado por la administración Trump, que consta de la estabilización, reconciliación y transición.
Paralelamente, en el Senado de los Estados Unidos avanza una resolución bipartidista que reafirma el apoyo a una transición democrática a través de elecciones “libres, justas y transparentes”. La propuesta menciona explícitamente a María Corina Machado, al advertir que cualquier daño a su integridad deslegitimaría futuros comicios y exigiría responsabilidades.
Sin embargo, la líder opositora ha sido deliberadamente apartada del diálogo por Washington y los hermanos Rodríguez, una decisión que genera desconfianza en diversos sectores. Mientras se instala la mesa, el estudio más reciente de Atlas Intel para Bloomberg revela un repunte en la aprobación de María Corina Machado, quien alcanza un 72% de imagen positiva.
Vale la pena destacar que la misma encuesta introduce por primera vez la figura del empresario Lorenzo Mendoza, quien debuta con un 58 % de imagen positiva, situándose como un posible outsider con alta popularidad que podría ser candidateable en un escenario de transición. Mendoza pudiera ser una autoridad confiable tanto para el oficialismo como para la oposición.
Una jornada marcada por el hermetismo y demandas civiles
El primer día en La Carlota estuvo marcado por severas restricciones a la labor periodística. El Ministerio de Comunicación e Información limitó el acceso exclusivamente a fotorreporteros, prohibiendo la entrada de periodistas redactores y cámaras de video. Además, se prohibió el uso de teléfonos móviles a los presentes y no se emitieron declaraciones oficiales a los medios.
A pesar de la escenografía diplomática, la presión de la sociedad civil se hizo presente. La instalación de la mesa coincidió con la trágica noticia de la muerte de José Breijo (71 años), un preso político uruguayo-venezolano que falleció bajo arresto domiciliario. A su vez. Foro Penal reporta, al 3 de agosto, un total de 382 presos políticos en el país, de los cuales 160 son militares y 40 son extranjeros.
Mientras tanto, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) ha presentado 10 condiciones indispensables para que el diálogo sea real. Entre sus demandas exigen el fin de la censura, el cese de la vigilancia digital y el desbloqueo de medios y plataformas digitales.
Tras el encuentro, ambas delegaciones emitieron el mismo comunicado, en el que suscribieron principios de “respeto a la soberanía nacional”, “negociación de buena fe” e “igualdad política y trato paritario en la mesa”. El objetivo declarado es alcanzar una solución política, pacífica y constitucional con cumplimiento verificable de los compromisos.
El primer ciclo de trabajo se ha declarado en “sesión permanente”, la cual se extenderá hasta el miércoles 12 de agosto, cuando se prevé el retorno de los delegados opositores a los países donde residen actualmente.
La diferencia con los procesos anteriores
A diferencia de los intentos fallidos de 2002 (Meliá Caracas), 2003 (Revocatorio), 2014 (Miraflores), 2017 (República Dominicana) o el reciente Acuerdo de Barbados (2023), este proceso presenta una ruptura histórica. Mientras que en el pasado Miraflores controlaba las variables o Noruega mediaba; hoy Washington ejerce una influencia directa.
En el análisis, hay un actor de fuerza política y militar internacional, en este caso por parte de Estados Unidos, para gestionar industrias y activos en medio de la negociación. Esto impediría que el gobierno simplemente ignore los acuerdos alcanzados sin enfrentar consecuencias inmediatas en su supervivencia política y económica.
