Venezuela firmó como miembro fundador de la WAICO, la alianza para la inteligencia artificial impulsada por China. Imagen: Guacamaya.
Guacamaya, 8 de septiembre de 2026. Venezuela firmó como miembro fundador de la organización de IA impulsada por Xi Jinping, justo cuando Washington empieza a exigir lealtad exclusiva a sus socios tecnológicos. La decisión, tomada en plena reconfiguración post-3 de enero, abre una fractura que ningún comunicado oficial ha querido nombrar.
El 16 de julio, en Shanghái, 29 países suscribieron el acta constitutiva de la Organización Mundial de Cooperación en Inteligencia Artificial (WAICO), el organismo intergubernamental que China venía incubando desde que el primer ministro Li Qiang lo propusiera en julio de 2025 y que Xi Jinping reiteró meses después en el foro de APEC. Venezuela estuvo entre los firmantes fundadores, representada por la vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud, Isabel Iturria, en el marco de la octava edición de la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial (WAIC).
Junto a Caracas firmaron Rusia, Bielorrusia, Serbia, Cuba, Brasil, Kazajistán, Pakistán, Indonesia, Laos y una veintena más de países africanos y asiáticos; Irán se sumaría dos semanas después. El secretario general de la ONU, António Guterres, presenció la ceremonia, y el canciller Wang Yi firmó en nombre de Pekín.
La cobertura oficial venezolana del evento —emitida por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y por medios estatales— enmarcó la participación casi exclusivamente en el uso de IA para la gestión de riesgos sísmicos, en referencia al doble sismo del 24 de junio, y en la retórica de “acceso equitativo” e “inclusión del Sur Global” que China ha cultivado deliberadamente para posicionar a WAICO como alternativa a la gobernanza tecnológica occidental.
Lo que no apareció con el mismo relieve en esa cobertura fue el hecho, difícil de discutir, de que la firma coloca a Venezuela dentro de un bloque de gobernanza de IA explícitamente construido por Pekín como contrapeso a Washington, en un momento en que la propia reconfiguración política venezolana transcurre bajo un acompañamiento diplomático en influencia estadounidense activa.
Dos arquitecturas, una misma disputa
Para entender el peso de esa firma hace falta situarla dentro de una competencia institucional más amplia que se ha ido cristalizando en los últimos ocho meses.
Por un lado, tenemos a WAICO, que se presenta como una organización internacional independiente, ajena al sistema de Naciones Unidas, aunque alineada retóricamente con su Carta, orientada al Sur Global y con sede permanente en Shanghái. China ha construido su atractivo sobre tres pilares: promoción de modelos de IA de código abierto —cuyo uso entre empresas ha pasado de menos del 10% de los tokens procesados a mediados de 2025 a cerca del 40% un año después—, financiamiento y formación técnica. Xi Jinping prometió cinco mil oportunidades de capacitación para países en desarrollo en un discurso que denuncia la concentración del poder computacional en un puñado de compañías estadounidenses.
Por otra parte, tenemos a la iniciativa Pax Silica, del lado estadounidense que consiste en un marco no vinculante lanzado en diciembre de 2025 y coordinado por el subsecretario de Estado Jacob Helberg, que agrupa ya a unos veinticuatro países —entre ellos Japón, Australia, Corea del Sur, Israel, Singapur y, más recientemente, Kazajistán— en torno a la coordinación de cadenas de suministro “de confianza” para semiconductores, modelos de IA, minerales críticos, manufactura avanzada e infraestructura energética y de datos asociada. A diferencia de WAICO, Pax Silica no aspira a ser un foro universal de gobernanza, ya que es, en esencia, un club de alineamiento estratégico con Washington.
La tensión entre ambos proyectos escaló el 14 de agosto, cuando Reuters reveló un borrador del Departamento de Estado dirigido a los treinta y cinco países que en junio firmaron la “Declaración de Oportunidades en IA” estadounidense. El documento advierte que la pertenencia a Pax Silica “no es meramente una adhesión, sino un compromiso” y que no puede sostenerse junto a la participación en “iniciativas duplicadas cuyas expectativas entren en conflicto” con las de Washington, en referencia velada a WAICO. El caso que dispara la alarma en Washington es Kazajistán —única nación, hasta ahora, con pie en ambos bloques—, cuya posición como reserva estratégica de litio, cobalto y tierras raras lo convierte en la prueba de fuego de si Estados Unidos puede realmente forzar una elección binaria. El Departamento de Estado se negó a comentar sobre lo que llamó “documentos internos supuestamente filtrados”, y la fecha de envío de la carta permanece indeterminada.
El problema venezolano: una firma sin ambigüedad
A diferencia de Kazajistán, Venezuela no figura —hasta donde se ha podido verificar— entre los signatarios de la Declaración de Oportunidades en IA de Washington ni entre los miembros de Pax Silica. Es decir, no hay, en sentido estricto, una doble militancia que forzar a resolver. Pero ese dato no despeja la ambigüedad, sino que la desplaza. Venezuela firmó WAICO sin ningún gesto paralelo hacia el marco estadounidense, en un momento en que su relación con Washington —tras el fin del gobierno de Maduro el 3 de enero y la instalación de un proceso de reconfiguración bajo la presidencia de Delcy Rodríguez— depende de manera crítica de la construcción de confianza con Estados Unidos en materia de seguridad, energía y normalización financiera.
La lógica que Washington aplica a sus treinta y cinco signatarios —”formar parte de todo es no formar parte de nada”— no está dirigida formalmente a Caracas, pero el principio subyacente es trasladable sin esfuerzo. Cualquier gobierno que aspire al levantamiento de sanciones, a inversión estadounidense en su sector energético o a cooperación en materia de seguridad hemisférica, difícilmente puede sostener al mismo tiempo un rol activo como miembro fundador de la principal plataforma institucional de gobernanza tecnológica de Pekín, sede incluida. El hecho de que la firma haya ocurrido casi sin cobertura crítica en el debate público venezolano no cambia su lectura desde Washington, especialmente un tablero donde Kazajistán es noticia por sostener ambigüedad, Venezuela ni siquiera necesitó ambigüedad para inscribirse del lado opuesto de la línea que Estados Unidos está trazando.
El activo que Venezuela sí tiene: minerales críticos
Donde la posición venezolana adquiere peso real —más allá del simbolismo diplomático de una firma en Shanghái— es en la dotación de recursos que ambas potencias necesitan para sostener la infraestructura física de la IA. Venezuela conserva las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, además de yacimientos de coltán, oro, bauxita, hierro y, en menor escala documentada, litio en el arco minero del Orinoco.
Ninguno de estos recursos entra hoy en las cadenas de suministro “de confianza” que Pax Silica busca construir, y la propia arquitectura de sanciones y controles de exportación que ha regido la relación bilateral durante más de una década ha mantenido al país fuera de los circuitos de inversión en minería crítica que Washington sí ha cultivado con Kazajistán, la República Democrática del Congo o Australia. La pregunta que la etapa post-3 de enero deja abierta es si Venezuela puede convertirse en una pieza de las cadenas de suministro occidentales de minerales críticos —y bajo qué condiciones de gobernanza, transparencia y control ambiental exigiría eso Washington— o si, por defecto institucional, esos recursos seguirán orientándose hacia los circuitos chinos y rusos que ya tienen presencia consolidada en el sector extractivo venezolano.
Gloria Xiong, profesora adjunta de Ciencias Políticas en Colby College, y Jessica Chen Weiss, profesora titular de Estudios Chinos en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de Johns Hopkins —y exasesora sénior del equipo de planificación de políticas del Departamento de Estado entre agosto de 2021 y julio de 2022—, publicaron recientemente un artículo en Foreign Affairs , titulado: “Cómo China encontró su arma más poderosa: la verdadera historia del dominio de Pekín en el sector de las tierras raras” establecen que Pekín no identificó las tierras raras como una palanca geoeconómica sino hasta 2010, y aprendió a usarlas observando precisamente las sanciones y controles de exportación que Washington aplicaba.
El episodio fundacional fue casi accidental cuando en 2010, tras el choque de un arrastrero pesquero chino con una patrulla de la guardia costera japonesa cerca de las islas Diaoyu/Senkaku, Japón detuvo al capitán y China respondió —según reconstruye la investigación de la geógrafa Julie Klinger citada en el artículo— no por una directiva central, sino porque funcionarios aduaneros y portuarios de una ciudad al norte de Nankín decidieron por su cuenta retener los embarques, indignados por lo que consideraban una agresión japonesa. Pekín negó los hechos mientras ocurrían, y solo tras la investigación de la autoridad aduanera japonesa el gobierno central se enteró de lo que estaba pasando en sus propios puertos.
Un informe de RAND citado por Chen Weiss y Xiong sitúa el verdadero objetivo chino durante la década siguiente no en la militarización, sino en la resiliencia: el temor —probablemente exagerado, pero real dentro del aparato de decisión— a que China desperdiciara su ventaja si no actuaba con cautela. El académico Yang Danhui, de la Academia China de Ciencias Sociales, advirtió en 2015 que, al ritmo de extracción de 2008, el yacimiento de Bayan Obo en Baotou se agotaría en 25 años, obligando a China a importar tierras raras a precios elevados. Esa lógica defensiva —no ofensiva— explica movimientos posteriores ilustrados en la estrategia de “doble circulación” de mayo de 2020 para reducir la dependencia tecnológica externa, la Ley de Control de Exportaciones de finales de 2020, y la creación en diciembre de 2021 del Grupo de Tierras Raras de China bajo supervisión directa del Consejo de Estado
Lo que el artículo de Chen Weiss y Xiong describe como marco conceptual —una espiral de acción-reacción sin arquitecto único— se verifica punto por punto en la secuencia de hechos de 2023 a 2026, que muestra cómo cada movimiento estadounidense de contención tecnológica precedió, casi sistemáticamente, a una respuesta china con minerales críticos.
El primer giro ocurrió quince años después del incidente de 2010, cuando Washington dejó de ser un espectador de la disputa entre Pekín y Tokio y se convirtió en blanco directo. No fue hasta que Estados Unidos anunció controles de exportación extraterritoriales dirigidos a negarle a China el acceso a chips avanzados y a los equipos para fabricarlos que Pekín optó, por primera vez, por represalias con minerales críticos. En julio de 2023, tras la posibilidad planteada por la administración Biden de ampliar los controles a los chips A800 de Nvidia, China anunció que los exportadores de galio y germanio necesitarían licencias y debían revelar el uso final de esos minerales. El Servicio Geológico de Estados Unidos estimó entonces que una prohibición total de ambos minerales podría reducir el PIB estadounidense en 3.400 millones de dólares.
Seis meses más tarde, apenas una semana después de que el Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre China propusiera incentivos fiscales para reconstruir la fabricación nacional de imanes de tierras raras, Pekín respondió el 21 de diciembre de 2023 prohibiendo la exportación de la tecnología de procesamiento de tierras raras —el eslabón donde concentra ese 85% de dominio global que documentan Chen Weiss y Xiong—. Un año después, China emitió su primera normativa que señalaba explícitamente a Estados Unidos como objetivo y en el que los exportadores debían asumir que las licencias hacia usuarios finales estadounidenses serían denegadas.
Según las autoras la escalada se disparó con la segunda administración Trump. Tras los aranceles del “Día de la Liberación” del 2 de abril de 2025, Pekín respondió dos días después añadiendo siete tierras raras y sus imanes permanentes a su lista de control de bienes de doble uso. La oficina china de control de exportaciones, con apenas 30 empleados, recibió decenas de miles de solicitudes de licencia; las exportaciones de imanes de tierras raras cayeron 74% en mayo respecto al año anterior. Washington respondió restringiendo motores a reacción y software de diseño de semiconductores, hasta que en junio ambas partes acordaron retroceder.
El punto más alto de la espiral llegó el 29 de septiembre de 2025, cuando la administración Trump amplió la llamada “regla de afiliadas” —vetando a cualquier entidad con 50% o más de propiedad de una empresa china ya sancionada—. Diez días después, China respondió reivindicando, por primera vez, jurisdicción extraterritorial propia sobre el derecho a licenciar cualquier producto extranjero que contuviera aunque fuera una fracción mínima de tierras raras chinas controladas, o que hubiera sido fabricado con tecnología de procesamiento china. La Agencia Internacional de Energía calculó que la implementación plena de esa medida costaría 6,5 billones de dólares a las industrias fuera de China. Ambas partes, ante la magnitud del precipicio, prefirieron una desescalada mutua en la Cumbre APEC de Busan ese mismo mes, Pekín aceptó una suspensión de un año de sus controles más recientes.
Tomando en cuenta todo este tenso e inestable contexto, puede decirse que Venezuela podría ser importante en la dotación de recursos del subsuelo que ambas potencias necesitan para sostener la infraestructura física de la IA, puesto que los semiconductores, los centros de datos, las redes eléctricas y los propios chips no existen sin una cadena de minerales que empieza en la minería. El Arco Minero del Orinoco —112.000 km², cerca del 12% del territorio nacional, declarado zona de desarrollo estratégico en 2016— concentra la mayor parte de esa dotación, aunque conviene decirlo con la misma cautela con la que lo dicen los propios organismos técnicos, debido a que buena parte de estas reservas está identificada geológicamente pero no certificada ni cuantificada con rigor internacional, y coexiste con explotación irregular, minería ilegal y ausencia de trazabilidad formal.
Coltán (columbita-tantalita): es probablemente el mineral venezolano con relación más directa con la industria de la IA. De él se extraen tantalio y niobio, componentes esenciales de los condensadores electrolíticos que estabilizan el suministro eléctrico en placas base, servidores y unidades de procesamiento gráfico. No hay GPU, switch de red ni servidor de centro de datos que prescinda de tantalio en su circuitería. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) clasifica tanto el tantalio como el niobio entre los minerales críticos, y los yacimientos venezolanos —ubicados principalmente en el estado Bolívar y el norte de Amazonas— llevan casi dos décadas mencionándose como reserva estratégica sin que exista una certificación formal de su volumen.
Bauxita: Materia prima del aluminio, que en la industria de la IA se usa en el chasis y la estructura de racks de servidores, en el empaquetado de chips y en componentes de disipación térmica. El propio catálogo minero venezolano de 2018 estimó 99,4 millones de toneladas de bauxita, y el mineral puede contener además galio, otro elemento que el USGS incluye en su lista de críticos por su uso en semiconductores de alta frecuencia.
Cobre: Con yacimientos identificados en Guayana, es el metal menos glamoroso y más indispensable de toda la cadena: cableado, transformadores, líneas de transmisión y la red eléctrica interna de cualquier centro de datos dependen de cobre en volúmenes que la transición hacia IA de gran escala ha disparado a nivel global
Níquel: es un insumo clave para cátodos de baterías de litio-ion, la tecnología que sostiene los sistemas de respaldo energético (UPS) de los centros de datos, además del acero inoxidable usado en infraestructura de refrigeración.
Tungsteno (wolframio): Menos citado en el debate público venezolano pero cada vez más relevante. El Escudo de Guayana tiene potencial documentado de wolframita, y 2026 ha sido un año de tensión particular en este mercado —el precio del concentrado se duplicó entre enero y marzo por déficits en la oferta china—, precisamente porque el tungsteno es insumo crítico en los procesos de manufactura de semiconductores y en herramientas de precisión para la industria de chips.
Oro, diamantes y tierras raras: El oro tiene aplicaciones de nicho en contactos de alta conductividad para electrónica de precisión; los diamantes —más allá de la joyería— se usan en herramientas de corte y pulido para la fabricación de semiconductores. En cuanto a tierras raras propiamente dichas (los diecisiete elementos usados en imanes permanentes para motores eléctricos y sistemas de refrigeración), la cautela debe ser máxima, puesto que el USGS no incluye a Venezuela entre los países con reservas confirmadas de tierras raras, a diferencia de China, Estados Unidos, Brasil o Groenlandia. Lo que existe son indicios geológicos preliminares —lantánidos y torio asociados a las llamadas “arenas negras” del Orinoco— sin cuantificación certificada.
Agua: el otro recurso que decide dónde se entrena la IA
Hay un tercer eje, menos discutido en la conversación pública venezolana, que conecta directamente con la geopolítica de la IA, hablamos del agua. El entrenamiento y la operación de modelos de gran escala dependen de centros de datos que consumen volúmenes masivos de agua para refrigeración, un factor que ya ha generado fricciones sociales en enclaves como Arizona, Chile o Irlanda, donde comunidades locales han cuestionado la asignación de recursos hídricos escasos a la industria tecnológica. Venezuela, con sistemas hidrográficos de gran caudal —el Orinoco a la cabeza— y una infraestructura hidroeléctrica históricamente subutilizada respecto a su capacidad instalada, posee en teoría condiciones físicas para alojar infraestructura de cómputo intensiva en agua y energía a un costo ambiental relativamente más bajo que regiones áridas.
Convertir esa potencialidad en inversión real requeriría, sin embargo, tres condiciones que hoy no están dadas debido a la falta estabilidad regulatoria y jurídica que dé garantías a operadores de centros de datos, una red eléctrica confiable tras años de subinversión y apagones recurrentes, y sobre todo una definición de alineamiento geopolítico que determine quién construye esa infraestructura. Un centro de datos no es neutral, por ende, la nacionalidad de sus operadores, el origen de sus chips y la jurisdicción bajo la que opera determinan si esos recursos hídricos y energéticos venezolanos terminan sirviendo a la arquitectura de cómputo de Pax Silica o a la de WAICO. La firma del 16 de julio, en ese sentido es una señal —todavía reversible, pero real— sobre qué bloque tecnológico tendría prioridad de acceso si Venezuela decidiera monetizar su potencial hídrico para centros de datos.
El gas que se quema: la mecha desperdiciada que la industria de la IA ya sabe monetizar
Venezuela quema, ventea o pierde en la atmósfera un volumen de gas equivalente a la producción de una planta de exportación de GNL de tamaño mediano. En otras partes del mundo, exactamente ese tipo de gas —el que no tiene mercado ni infraestructura para llegar a él— ya se está convirtiendo en la fuente de energía preferida para levantar centros de cómputo de inteligencia artificial. Venezuela, por ahora, solo lo está quemando.
Venezuela es uno de los países que más gas quema del planeta, en términos absolutos y en relación con lo que produce. El informe Global Gas Flaring Tracker 2026 del Banco Mundial ubica al país entre los nueve mayores emisores de quema de gas a nivel mundial —junto a Rusia, Irán, Irak, México, Libia, Argelia, Nigeria y Estados Unidos—, un grupo que en 2025 concentró el 83% de toda la quema global pese a representar menos de la mitad de la producción petrolera mundial. La quema global alcanzó 167.000 millones de metros cúbicos ese año, un desperdicio que el propio Banco Mundial tasó en 54.000 millones de dólares.
A escala nacional, las cifras venezolanas son contundentes incluso dentro de ese grupo selecto. Un análisis de la firma especializada Gas Energy Latin America situó la quema venezolana en el orden de 2,2 mil millones de pies cúbicos diarios (Bcf/d) —un volumen superior a la producción de la planta de exportación Freeport LNG en Houston, con capacidad de 15 millones de toneladas anuales—. Un reporte de Bloomberg de enero de 2026, citando a la firma británica Capterio, calculó que Venezuela quema, ventea o pierde por fugas cerca de 13.000 millones de metros cúbicos de gas natural al año, lo que representa aproximadamente una cuarta parte de toda la producción gasífera del país —la tasa de pérdida más alta del mundo, casi diez veces el promedio global— y un desperdicio estimado en 1.400 millones de dólares anuales en ingresos potenciales. Otras estimaciones oficiales sitúan el gas no aprovechado en unos 2.000 millones de pies cúbicos diarios, concentrado sobre todo en los llamados “mechurrios” del norte del estado Monagas, donde según el Banco Mundial se ubica una de las mayores fuentes individuales de quema de gas natural del planeta.
El deterioro no es reciente ni casual. Entre 2012 y 2022, la intensidad de quema en Venezuela —metros cúbicos quemados por barril de crudo producido— se cuadriplicó, el mayor incremento entre todos los países estudiados por el Banco Mundial, y en 2022 se ubicó como la más alta del mundo.
La explicación técnica es conocida, pero sin inversión para reinyectar gas a los yacimientos ni infraestructura para procesarlo y transportarlo, PDVSA ha optado sistemáticamente por quemarlo o dejarlo escapar. Un reportaje de Bloomberg de enero de 2026 añadió una capa adicional al problema, pues imágenes satelitales muestran columnas de metano elevándose desde plataformas abandonadas, oleoductos oxidados e infraestructura deteriorada, un patrón de fugas que —más allá de la quema deliberada— ha empezado a disuadir a las grandes petroleras estadounidenses de invertir en el país, dejando el terreno a empresas más pequeñas y menos experimentadas.
En otras geografías con el mismo problema —yacimientos remotos, gas sin mercado, infraestructura de transporte inexistente—, la industria de la inteligencia artificial ya encontró una respuesta. La empresa estadounidense Crusoe Energy, fundada en 2018, construyó su modelo de negocio completo sobre esa premisa, en lugar de quemar el gas asociado que sale de un pozo petrolero sin salida comercial, se instala un generador móvil directamente en el sitio, se convierte ese gas en electricidad y esa electricidad alimenta contenedores con GPUs para cómputo de alto rendimiento. La tecnología se llama Digital Flare Mitigation (DFM) y hoy reporta una eficiencia de combustión cercana al 99,9%, muy superior a la de un mechero abierto, con reducciones de metano de alrededor del 98% frente a la quema convencional.
Crusoe empezó minando bitcoin —el caso de uso perfecto para energía intermitente, porque un rig se puede encender y apagar al ritmo en que fluye el gas— y hoy opera como una de las llamadas “neoclouds” de la industria de IA. Vendió su negocio de minería a NYDIG en 2025 para concentrarse por completo en infraestructura de cómputo para entrenamiento e inferencia de modelos, con más de 425 centros de datos modulares desplegados en siete estados de EE.UU. y en Argentina, y contratos que la vinculan al proyecto Stargate de OpenAI y Oracle en Abilene, Texas —una instalación de 1,2 gigavatios—. Hay una coincidencia casi literaria en todo esto y es que la compañía tomó su nombre de Robinson Crusoe, el personaje de Daniel Defoe que naufraga y sobrevive con ingenio en una isla cerca de la costa venezolana. La empresa que convirtió el gas desperdiciado en la materia prima de la revolución de la IA lleva, sin saberlo del todo, el nombre de un náufrago varado frente a las costas del país que hoy tiene uno de los perfiles de quema de gas más altos del planeta.
El modelo ya cruzó fronteras. Según se ha conocido, Argentina —con sus propios yacimientos remotos y gas sin infraestructura de salida, en particular en Vaca Muerta— ya está aplicando esquemas similares de monetización de gas quemado a través de cómputo modular, y la propia industria anticipa que otros países con perfiles parecidos —campos gasíferos aislados, redes eléctricas débiles— seguirán ese camino. La lógica de fondo, que ha empezado a describirse en la industria como el enfoque “energy-first” o “bring your own power”, invierte la manera tradicional de construir infraestructura digital y es que en vez de llevar el cómputo hacia la red eléctrica existente, se lleva el cómputo hacia la energía, sin importar cuán remota o desconectada esté esa energía de cualquier red formal.
Trasladar ese modelo a Venezuela exige toda la cautela que el caso amerita, pero el ejercicio de plausibilidad es revelador. Reinaldo Quintero, presidente de la Asociación de la Pequeña y Mediana Industria Petrolera (Petropymi), ofreció en abril de 2026 una cifra que ilustra la escala del desperdicio y es quien si se recuperara el gas que hoy se quema en el norte de Monagas —del orden de 1.920 millones de pies cúbicos diarios, según su estimación— y se destinara a ciclos combinados de generación eléctrica, se podrían generar hasta 7 gigavatios, un volumen suficiente para cubrir la demanda de todo el centro-norte del país y eliminar la presión que hoy generan los apagones. Ese cálculo está pensado para la red eléctrica nacional, no para cómputo de IA, pero el orden de magnitud —gigavatios, no megavatios— es exactamente la escala en la que hoy se diseñan los campus de IA más ambiciosos del mundo, como el propio proyecto Stargate en Texas.
La diferencia entre esa cifra teórica y una aplicación real pasa por obstáculos que ya han aparecido en otras secciones de esta cobertura y que aquí se agudizan. El modelo de Crusoe funciona porque Estados Unidos combina abundancia de gas asociado con seguridad jurídica, mercados de capital dispuestos a financiar generadores móviles y una demanda de cómputo dispuesta a pagar por energía “detrás del medidor”. Venezuela tiene el primer ingrediente —gas asociado sobrando, literalmente ardiendo— pero no los otros dos como la inversión en infraestructura básica de captura y la compresión de gas
A eso se suma que, en la coyuntura actual, el gas recuperado tiene un destino prioritario ya anunciado por el Gobierno y que se centra en la generación termoeléctrica doméstica, no la exportación de cómputo. PDVSA proyectaba en agosto de 2026 elevar el suministro de gas metano al mercado interno hasta 2.000 millones de pies cúbicos diarios para diciembre, con el objetivo explícito de reforzar el parque de generación eléctrica del país, antes que cualquier otro uso.
Pese al potencial geológico, es improbable que Venezuela juegue un papel significativo en minerales críticos al menos durante la próxima década, por la combinación de datos geológicos deficientes, mano de obra poco calificada, crimen organizado, falta de inversión y volatilidad política.
Venezuela podría reincorporarse a las cadenas de suministro global con mayor rapidez rehabilitando activos mineros ya existentes y formalizando distritos ya operativos —hierro, bauxita, oro— si se restablecen gobernanza, infraestructura y acceso a mercados.
Los criterios de seguridad de Washington
La óptica que probablemente aplique el Departamento de Estado y el Pentágono al caso venezolano no se limita a la competencia comercial por minerales o infraestructura. Incluye, de forma más determinante, el uso dual de la IA en materia de seguridad nacional abarcando la vigilancia, control de fronteras, inteligencia de señales y, en última instancia, la posibilidad de que tecnología o gobernanza de origen chino se entrelace con la reconstrucción institucional de un país donde Washington ha invertido capital político significativo tras el 3 de enero, incluyendo el acompañamiento a las reformas lideradas por Delcy Rodríguez y la normalización de canales de seguridad hemisférica de la que las visitas de la delegación congresional estadounidense a Caracas y el denominado Escudo de las Américas son expresiones tempranas.
Bajo esa lógica, la pertenencia venezolana a WAICO no se leería en Washington como un simple gesto de cooperación científica sobre gestión de riesgo sísmico —el marco que privilegió la comunicación oficial venezolana— sino como una señal de alineamiento institucional que compite, en el terreno simbólico y potencialmente en el práctico, con la relación de confianza que Estados Unidos busca construir. La advertencia que el Departamento de Estado prepara para sus treinta y cinco signatarios formales no incluye a Venezuela por ahora, pero el principio que la sostiene —que la neutralidad tecnológica no es una opción disponible en esta etapa de la competencia entre Washington y Pekín— es exactamente el que Caracas tendría que resolver si aspira a que su potencial en minerales críticos, energía e infraestructura hídrica se traduzca en inversión occidental.
Venezuela sin tantos reflectores se encuentra atrapada en una de las disputas geopolíticas más trascendentes del último tiempo, la cual definirá el futuro de muchas generaciones y las bases del nuevo orden internacional.
