En 2025, Ballard Partners fue reconocida como la firma de lobby “más rentable” de la historia reciente en Washington, reflejando su nivel de acceso con la administración actual. Imagen: Guacamaya.
Guacamaya, 31 de julio de 2026. Ballard Partners, una de las firmas de lobby o cabildeo más influyentes en Washington, abrió una oficina en Caracas, casi siete meses después de la operación militar del 3 de enero.
El anuncio simboliza una nueva era en las relaciones políticas y de inversión entre Estados Unidos y Venezuela, y refleja una estrategia hemisférica por el control de recursos energéticos y minerales críticos.
La apertura de la oficina en Caracas se leyó en varios medios como un capítulo más de la fiebre petrolera que se desató en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro. Pero una mirada al equipo elegido y sus antecedentes revela algo distinto.
La firma de cabildeo más poderosa de la era Trump no está apostando solo por el petróleo venezolano, sino por insertar a Venezuela en una arquitectura mucho más amplia que la Casa Blanca construye para asegurar cadenas de suministro y minerales críticos en el hemisferio occidental, con Groenlandia, Canadá y México como piezas del mismo tablero.
Ballard Partners no es una firma cualquiera, explorando un mercado nuevo. En 2025 fue considerada como la firma de cabildeo más rentable de la historia reciente en Washington, facturando 88,1 millones de dólares, un récord que pulverizó la marca anterior y que representó un salto de 350% respecto a 2024.
Ese crecimiento coincidió, según la organización OpenSecrets, con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. No es coincidencia que exsocios de la firma pasaran a ocupar posiciones de máximo nivel en la administración, entre ellos la jefa de gabinete Susie Wiles y la fiscal general Pam Bondi.
Esa cercanía con el poder ejecutivo es, en sí misma, el producto que Ballard vende. Cuando la firma decide instalarse en un país, no llega a hacer relaciones públicas, llega prometiendo acceso directo a quienes deciden el marco regulatorio en Washington, desde leyes hasta aranceles y sanciones.
El 3 de enero que lo cambió todo
La apertura de la oficina de Caracas es impensable sin la ruptura política de comienzos de año. En la madrugada del 3 de enero de 2026, Estados Unidos ejecutó la “Operación Resolución Absoluta”, una incursión militar con bombardeos en Caracas y otras zonas estratégicas del país que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, trasladados a Nueva York para enfrentar cargos de narcoterrorismo. Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina, en un gobierno de reforma que seis meses después enfrenta, además, las secuelas de los terremotos de junio.
La intervención dividió a la región —celebrada por Argentina, Paraguay y Ecuador; condenada por Colombia, Brasil, México y Cuba— pero desde el punto de vista de Washington abrió la puerta a algo que llevaba años bloqueado por sanciones, hablamos del acceso al subsuelo venezolano y sus enormes riquezas
En paralelo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro (OFAC) desmontó buena parte del cerco sancionatorio a los sectores petrolero, minero y financiero, pero introdujo condiciones estrictas de supervisión y control de acceso. Firmas como Ballard ayudan a navegar por este nuevo entorno.
El equipo de Caracas: ¿los minerales críticos como eje central?
Ballard puso al frente de su oficina venezolana a Scott Wagner, socio cuya práctica combina infraestructura transfronteriza, minerales críticos y regímenes de sanciones, y que tiene trato directo con los departamentos del Tesoro, de Estado, de Comercio y de Defensa, y con la Casa Blanca.
Lo acompañan José Félix Díaz, vicepresidente ejecutivo de la firma y exlegislador de Florida; Micah Ketchel, quien fue asistente especial presidencial, asesor principal del Consejo de Seguridad Nacional y asesor del Departamento de Estado, además de jefe de gabinete del excongresista y luego asesor de Seguridad Nacional Michael Waltz; y Emilia Pulido, con perfil financiero orientado a mercados latinoamericanos.
Más allá de un equipo de cabildeo tradicional pensado para el Congreso, se trata de un grupo de trabajo diseñado para operar en la intersección de donde hoy se decide el futuro de Venezuela: sanciones, seguridad nacional, energía y minerales críticos.
Antes de poner un pie en Caracas, Ballard ya había construido un Grupo de Práctica en Minerales Críticos con una cartera de clientes que incluye a Korea Zinc, TechMet, US Strategic Metals, Falcon Copper, Li Industries, American Battery Technology y Leonardo DRS, entre otros.
El expediente más revelador de Scott Wagner es su papel representando a Korea Zinc, en una disputa de control corporativo que se convirtió en un asunto de seguridad nacional. Logró que un comité del Congreso de EE. UU. pidiese al Departamento de Estado que interviniera ante el riesgo de que la empresa —clave para una cadena de suministro de zinc, níquel y plata “libre de China”— cayera bajo control de un fondo de private equity con vínculos chinos.
Esa es la lógica que Ballard traslada ahora a Venezuela, un país cuyo subsuelo va mucho más allá del petróleo. El Arco Minero del Orinoco —una zona de casi 112.000 kilómetros cuadrados, más grande que la propia Faja Petrolífera del Orinoco— concentra depósitos de oro, hierro, bauxita, diamantes, coltán, tierras raras, níquel, cobre y torio.
Cifras oficiales citadas por analistas hablan de más de 8.000 toneladas de oro y 35.000 toneladas de coltán, aunque el think tank CSIS advierte que gran parte de este potencial no ha sido certificado ni explotado a escala industrial, y que la falta de infraestructura, trazabilidad y seguridad jurídica limita hoy su inserción en cadenas globales exigentes. En los últimos años, el sector ha estado dominado por mineros artesanales y compradores privados chinos.
Lo que vuelve estratégicos a esos minerales no es solo su volumen; el coltán y las tierras raras son insumos esenciales para baterías, sensores y sistemas de guiado militar. Este es justamente el tipo de recursos de los que Estados Unidos reconoce su mayor dependencia de China, que domina el procesamiento de 30 de los 50 minerales considerados críticos por el Servicio Geológico de Estados Unidos.
Un mismo guión en cuatro geografías
El Grupo Especializado para el Hemisferio Occidental de Ballard habla de cuatro países en particular, que resaltan por el enfoque que Trump les ha dado en sus apariciones públicas: México, Canadá, Groenlandia y Venezuela.
En Groenlandia, la Casa Blanca ha buscado negociaciones por un “acceso total, sin costo, para siempre” a los derechos minerales y a la región ártica, enmarcadas explícitamente como una forma de frenar el avance de China en tierras raras, sin necesidad de discutir la soberanía danesa sobre el territorio.
En Canadá, los aranceles del 50% impuestos en julio sobre la mayoría de los productos canadienses excluyeron deliberadamente a la energía, la potasa, el pescado y los minerales críticos, evidenciando qué recursos sí quiere proteger Washington aun en medio de una guerra comercial con un socio del T-MEC.
Al sur, la renegociación del tratado comercial trilateral se convirtió en la palanca para que México excluyera, de facto, al capital chino de su cadena de litio, formalizado en el Plan México-EE. UU. de minerales críticos de febrero de 2026
El propio decreto que Trump firmó el 20 de julio de 2026 para garantizar las cadenas de suministro de defensa y el abastecimiento de materiales críticos es el marco legal que conecta estos frentes: motores de combate, sistemas de guiado de misiles, satélites de defensa y comunicaciones avanzadas dependen de estos insumos.
Venezuela encaja en ese mismo patrón, pero con una diferencia decisiva frente a Groenlandia, Canadá o México: Caracas negocia desde una posición de dependencia casi a raíz del esquema de sanciones y licencias estadounidenses, que dominan las áreas clave de su economía. Eso convierte al país en, probablemente, el caso más rápido de resolver para Washington dentro de esta estrategia hemisférica.
Una cartera de clientes con pocos rivales
La cartera de clientes evidencia el nivel de acceso de la firma, cubriendo una gran variedad de industrias. Destacan empresas como Chevron, Palantir, Booz Allen Hamilton, Amazon, Meta, Blackstone y Coinbase. La firma opera para las grandes corporaciones estadounidenses: convergen energéticas, grandes tecnológicas y contratistas de defensa, entre otras.
Varias de las empresas que figuran entre los clientes de la firma ya operan en Venezuela, notablemente la gigante energética Chevron, mientras que ha mantenido un enfoque en la región. Estos factores podrían representar una ventaja comparativa para Ballard al tener mayor conocimiento del entorno local, además de ser los primeros en desembarcar.
Ya han trabajado incluso con el nuevo marco regulatorio y político dirigido por Washington, como en el caso de la recién rebautizada KEO Capital, antes conocida como Maha Capital y Maha Energy. La empresa, que cotiza en el NASDAQ de Estocolmo, Suecia, cuenta con una participación en la empresa mixta Petrourdaneta, en el estado Zulia.
Casualmente, el 28 de julio, el mismo día en que Ballard anunciaba su nueva oficina, KEO Capital publicó que estaba ejerciendo una opción de compra para elevar su participación en Petrourdaneta del 24% al 40%. Lo cierto es que la fecha representaba la fecha límite para actualizar los contratos petroleros tras la aprobación de la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos, marcando un antes y después en la industria más importante de Venezuela.
Es previsible que el siguiente paso de ese modelo se dirija a la minería, probablemente bajo condiciones similares a las impuestas a México, marcadas por la exclusión de capital chino como condición de entrada. Pero el terreno no está libre de pasivos. El propio Arco Minero arrastra un historial de minería irregular, trabajo precario y control de facto por parte de fuerzas armadas y grupos armados no estatales, además de la presencia previa de actores rusos y chinos bajo el chavismo.
La dimensión geopolítica
Más allá de su presencia en Nueva York, Washington y otras importantes ciudades de Estados Unidos, la firma también mantiene oficinas en Estambul, Turquía; Tel Aviv, Israel; y Arabia Saudita, una distribución geográfica que resulta particularmente relevante al analizar las dinámicas internacionales que rodean a Venezuela.
Mientras que Turquía ha incrementado su presencia en la nación suramericana en los últimos años, Israel acaba de enviar su primera delegación oficial desde la ruptura de todas las relaciones bajo el gobierno de Hugo Chávez. Arabia Saudita también figuró en la primera gira internacional del nuevo canciller, Félix Plasencia.
La presencia en Estambul refleja la creciente centralidad de Turquía como potencia media, con capacidad para actuar simultáneamente como socio económico, plataforma financiera y actor diplomático; su política exterior se ha destacado por su capacidad para mantener vínculos con actores enfrentados entre sí.
Durante la última década, Ankara se convirtió en uno de los principales interlocutores extrarregionales de Caracas, ampliando sus vínculos en sectores como la minería y la refinación de oro, los alimentos y el transporte aéreo.
La presencia en Tel Aviv tiene implicaciones aun más significativas a la luz de la reciente misión diplomática, el primer contacto oficial desde 2009. El acercamiento resulta de un momento de redefinición de las alianzas de Caracas, sumado a la necesidad de movilizar capital, tecnología y capacidades especializadas para la reconstrucción posterior a los terremotos.
Desde una perspectiva geopolítica, Israel representa mucho más que un eventual socio diplomático. Es uno de los principales polos mundiales de innovación en ciberseguridad, inteligencia artificial, gestión del agua, agricultura de precisión, tecnología médica e infraestructura crítica, sectores que podrían desempeñar un papel relevante en la reconstrucción institucional y económica venezolana. Al mismo tiempo, Israel podría tratar de asegurar suministros de minerales críticos en el país suramericano, fundamentales para su complejo industrial y militar.
La elección de Caracas resalta el enfoque de la administración Trump. Las otras tres economías —Israel, Turquía y Arabia Saudita— son varias veces mayores que la venezolana, por lo que la nueva oficina representa una apuesta por el futuro. La presencia en estos países también es un indicador de que la firma está posicionada para desenvolverse en un entorno en el que las decisiones financieras estarán profundamente condicionadas por consideraciones diplomáticas, políticas y de seguridad nacional.
