Halliburton es la segunda empresa de servicios petroleros más grande del mundo, y la primera en Estados Unidos. En la imagen, operaciones de la corporación en Basra, Irak. Fotografía: Halliburton.
Guacamaya, 31 de julio de 2026. Las dos sentencias recientes sobre las demandas laborales contra Halliburton y el embargo de sus activos generan un nuevo marco jurisprudencial en la industria petrolera de Venezuela, reflejando la nueva era política tras el 3 de enero.
El 28 de julio, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó la devolución de los bienes embargados a Halliburton en el estado Zulia. La corte también ordenó la reactivación de las operaciones de la segunda empresa de servicios petroleros más grande del mundo. Dos días más tarde, el TSJ también sentenció la restitución de activos en Monagas.
La corporación estadounidense operaba en Venezuela desde 1938 hasta que, debido a las sanciones impuestas por la primera administración del presidente Donald Trump, tuvo que suspender sus operaciones entre 2019 y 2020.
A raíz de la interrupción, surgieron múltiples demandas laborales por parte de exempleados, centradas en el supuesto impago de prestaciones sociales. Estas fueron derivadas primero al Circuito Judicial Laboral de Cabimas, estado Zulia.
La primera sentencia llevó al embargo de activos de Halliburton en Venezuela, por un valor de 6,6 millones de dólares, para ser subastados y así satisfacer los pagos reclamados.
Halliburton rechazó esta medida, presentando en diciembre de 2025 un reclamo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), una institución dedicada a la resolución de disputas internacionales.
Los cambios políticos derivados de la operación militar del 3 de enero, sin embargo, ocasionaron un giro de 180 grados en el caso. En febrero de 2026, apenas un mes después, Caracas canceló la subasta prevista de los activos de Halliburton, aparentemente bajo presión de Estados Unidos.
El 28 y el 30 de julio, el TSJ sentenció definitivamente a favor de Halliburton, lo que facilitó la reanudación de las operaciones de la empresa en Venezuela. La Sala de Casación Social, que emitió la decisión, argumentó que los activos en cuestión tienen un carácter estratégico y crítico para la industria de los hidrocarburos y para la reactivación económica del país.
La reunión de los petroleros en la Casa Blanca
Halliburton tuvo una aparición especial en la reunión de más de una docena de ejecutivos petroleros con el presidente Trump en la Casa Blanca, el 14 de enero de este año, apenas días después de la sorpresiva acción militar del 3.
En un momento casi cómico, Trump preguntó al CEO de Halliburton, Jeff Miller, por qué habían abandonado el país. “Como empresa, nos marchamos debido a las sanciones en 2019. Teníamos la intención de quedarnos, pero cuando se impusieron las sanciones, nos vimos obligados a marcharnos”.
Miller, sin embargo, declaró la firme intención de su empresa de volver a operar en el país, en línea con la nueva política estadounidense. “Personalmente viví allí durante cuatro años y crié a mis hijos allí, así que conozco bastante bien Venezuela, y no puedo expresar más mi gratitud por la oportunidad de regresar a Venezuela bajo la estabilidad que sé que este equipo y el suyo pueden brindar”.
Servicios petroleros y poder político
Halliburton es la segunda empresa de servicios petroleros más grande del mundo, solo detrás de Schlumberger. En 2025, reportó una facturación de 22.000 millones de dólares y activos valorados en casi 26.000 millones de dólares.
También es conocida por su influencia en Washington. Dick Cheney fue su presidente y director ejecutivo entre 1995 y 2000, renunciando para asumir la vicepresidencia con George W. Bush. A su salida, recibió una indemnización de 36 millones de dólares y opciones sobre acciones de la compañía, otorgándole así una participación que perduraría en la compañía.
Más tarde se criticaron presuntos conflictos de interés, ya que Halliburton recibió contratos gubernamentales por 7.000 millones de dólares durante la reconstrucción de Irak tras la guerra, sin concurso público.
