Existe una fuerte controversia sobre la precisión de las cifras estatales, al contrastar datos gubernamentales con estimaciones de ONG y la ONU que sugieren una tragedia aún mayor a la proyectada oficialmente. | Fotografía: Reuters – Gaby Oraa
Guacamaya, 04 de agosto de 2026. Tras el devastador doblete sísmico del pasado 24 de junio, Venezuela sigue en medio de incertidumbres estadísticas. Este lunes 3 de agosto, el Gobierno Nacional publicó un nuevo balance oficial bajo el rótulo de “Boletín Informativo Semanal”. Este reporte pone fin a un silencio informativo de 10 días, pues el último parte diario se había emitido el 24 de julio, justo al cumplirse un mes del trágico fenómeno natural.
La cifra oficial de muertos ascendió a 6.125 víctimas. Un dato analíticamente relevante es que el reporte de heridos (congelado en 16.740 desde inicios de julio) ya no figura en el último boletín, lo que sugiere que la “ventana biológica” de supervivencia se ha cerrado y las labores se centran ahora en la recuperación de cadáveres. En estos y otros datos, la opacidad sigue marcando la gestión informativa.
El enigma de los desaparecidos
La mayor interrogante tiene que ver con el número de desaparecidos, pues el Gobierno, al menos desde la administración central, sigue sin publicar datos referentes a ese registro. Frente al silencio oficial, la sociedad civil ha recurrido a las proyecciones de organismos internacionales e iniciativas independientes para orientarse ante la incertidumbre.
Para entender la magnitud del vacío informativo sobre los desaparecidos, es necesario cruzar los datos proporcionados por los propios voceros del Gobierno y contrastarlos con la realidad actual del terreno. El análisis de estas cifras revela un “limbo estadístico” entre lo que el Ejecutivo sugiere indirectamente y lo que las autoridades locales admiten.
A partir de las declaraciones del pasado 30 de junio del designado Jefe del Estado Mayor para los Campamentos Transitorios, Jorge Rodríguez, se situó en 30.000 el total de personas (residentes y turistas) presentes en las zonas críticas de Caraballeda y Catia La Mar al momento del doblete. El cálculo permite desglosarse a partir de estimaciones complementarias y posteriores anuncios oficiales.
De ese número, según Rodríguez, entre 13.400 y 13.500 personas lograron salir por sus propios medios, mientras que otras 6.461 fueron rescatadas (cifra luego consolidada oficialmente en 6.462). Si de los 10.000 restantes aproximadamente se restan los 6.125 fallecidos confirmados en el último boletín, todavía quedarían cerca de 4.000 personas que no han sido rescatadas ni confirmadas oficialmente como muertas.
Pero existe una marcada diferencia entre este cálculo derivado de los datos de Jorge Rodríguez y la información suministrada por el gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán. La autoridad local declaró este lunes 3 de agosto que el número de desaparecidos en su entidad alcanza los 1.579, lo que deja una brecha, sobre la base de la estimación central, de más de 2.400 personas sin registro unificado.
Si se toman en cuenta las proyecciones de organismos internacionales, se puede estimar una magnitud de la tragedia aún mayor. Tras los terremotos, el USGS advirtió un 44 % de probabilidades de superar las 10.000 muertes y un 30 % de alcanzar las 100.000. Por su parte, la OCHA (ONU) ve “aterradoramente verosímil” que existan 50.000 desaparecidos en todo el país.
Al mismo tiempo, la ONU confirmó la entrega de 10.000 bolsas para cadáveres, un lote al que se le sumaron otras 3.600 bolsas donadas por la empresa Yummy, para totalizar al menos 13.600 unidades destinadas a la disposición de restos humanos. Esta dotación masiva de insumos funerarios puede ratificar las proyecciones sobre la escala real del desastre.
En paralelo, han surgido plataformas ciudadanas que intentan mapear el rastro de quienes aún no han sido ubicados. Entre ellas destacan Venezuela Te Busca, que registra unas 17.793 personas “por localizar”, o Desaparecidos Terremoto Venezuela, que contabiliza unos 29.514 “por contactar”. Estas iniciativas, aunque vitales, enfrentan limitaciones propias de su naturaleza colaborativa.
Expertos y desarrolladores de estas plataformas advierten que estos números deben leerse con cautela. Muchas de estas iniciativas no cuentan con procesos de depuración automáticos y su verificación depende de llamadas directas a familiares o reportes ciudadanos que pueden duplicarse. Sin embargo, estos registros permiten dar una idea de la escala de la angustia social.
Los otros datos que las cifras ya no dicen
Al comparar el reporte del 24 de julio con el del 3 de agosto, las ausencias son notables. No hay rastro en el reporte semanal de la cantidad de personas damnificadas o en campamentos transitorios, situados por última vez en 17.907 y 23.811, respectivamente. Mientras, un registro de la Vicepresidencia Social y Territorial del 26 de julio elevaba la cifra a 24.477 ciudadanos distribuidos en 107 centros.
El nuevo registro tampoco detalla los 856 edificios afectados y 190 colapsados que fueron reportados anteriormente. Ahora se enfoca en viviendas evaluadas, al contabilizar un total de 43.679: 25.325 de ellas habitables, 9.866 restringidas y 6.433 en “alto riesgo”. Como dato nuevo, se han entregado 287 viviendas hasta la fecha, aunque esto no permite determinar con exactitud los beneficiarios alcanzados.
También se observa la omisión de datos sobre la dotación de insumos de primera necesidad. Desapareció el registro de alimentos (10,9 M de toneladas) y agua (51,2 M de litros) entregados hasta el 24 de julio. Estas métricas son especialmente útiles para medir el alcance en la atención por parte del Gobierno, pero también para auditar la transparencia en la distribución de ayuda humanitaria.
El Gobierno también dejó de contar réplicas, aunque según datos del monitor VolcanoDiscovery se han registrado 142 sismos en los últimos 7 días en el país de hasta 4.5 en la escala de magnitud. Feliciano De Santis, presidente de la Sociedad Venezolana de Geólogos, advierte que el reajuste de fallas podría durar “hasta 5 meses” debido a una deformación submarina de 2 metros.
Además, el USGS rectificó el epicentro del segundo sismo principal, al ubicarlo frente a La Guaira y no en Yaracuy como indicó inicialmente y fue respaldado por Funvisis. La proximidad de ambos eventos solapó las ondas sísmicas, al dificultar la medición inicial de los instrumentos locales y satelitales. Esta novedad evidencia la importancia del monitoreo permanente.
No obstante, el Gobierno reportó haber recolectado 346.755 toneladas de escombros hasta el 3 de agosto. Sin embargo, esta cifra representa apenas el 16,51 % del total proyectado por las autoridades, lo que eleva la estimación oficial a unos 2,1 millones de toneladas. Este volumen supera significativamente la proyección inicial del PNUD, que estimaba 1,2 millones de toneladas en localidades afectadas.
¿Es posible saber la verdad?
La confiabilidad de la data oficial ciertamente puede ser cuestionada por una precariedad institucional y la falta de censos actualizados. No obstante, las proyecciones internacionales son basadas en modelos de riesgo y alertas sanitarias que pueden pecar de imprecisión al dejar de evaluar factores como la migración y la falta de datos oficiales actualizados.
Lo más sólido, basado en las fuentes consultadas, es que, por ahora, hay una brecha grande entre lo que se reporta y lo que realmente pudo haber ocurrido. Las cifras finales solo serán confiables cuando exista cruce independiente de datos y verificación institucional.
En sus últimos días como coordinador residente de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla manifestó tener “total confianza” en que los números oficiales son reales, aunque precisó que se encuentran “dentro de los límites de una crisis no definitiva”.
